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Colombia: Violencia y minería ilegal amenazan la región del Pacífico

El conflicto entre grupos armados ilegales obliga a descendientes de indígenas y africanos a abandonar sus casas en el municipio del Alto Baudó.

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La violencia en el municipio del Alto Baudó, departamento del Chocó, ha ocasionado el desplazamiento de más de 3,000 colombianos en 2014.

Los conflictos entre las bandas criminales emergentes (BACRIM) y grupos guerrilleros están obligando a la población de origen indígena y africano a abandonar sus viviendas.

“Lo que están buscando los grupos es el control del territorio para el procesamiento, la comercialización y la distribución de hojas de coca y marihuana prensada”, dijo Juan Pablo Guerrero, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).

La región del Alto Baudó es de importancia estratégica, ya que el río Baudó y sus afluentes pueden ser utilizados para llevar drogas hasta la costa del Pacífico, desde donde parten para el mercado internacional.

En mayo de este año, se produjo el desplazamiento masivo de 17 comunidades indígenas en la región. Cerca de 2,500 personas tuvieron que dejar sus casas porque quedaron en medio del fuego cruzado. El 13 de junio, 500 personas más fueron desplazadas, según la Defensoría del Pueblo de Colombia.

El avance actual de los grupos armados ilegales en territorio indígena está amenazando con extenderse a otras comunidades asentadas en la región del Bajo Baudó, que desde 2011 ya ha sufrido tres desplazamientos masivos.

“La población desplazada en el Chocó se ha aumentado en los últimos cuatro años, especialmente en estas dos subregiones de los ríos del Baudó y San Juan. Y [el porqué] de esta situación es claramente la disputa de territorio”, añadió Guerrero.

El Ejército colombiano está presente en la región del Alto Baudó, atendiendo a la población afectada y buscando desarticular los grupos ilegales presentes en la zona. Fueron enviados cerca de 40 soldados a las comunidades de Chachajo y Cugucho, según el Ministerio de Defensa.

Sin embargo, la violencia y el difícil acceso a esta rremota región – solo es posible llegar al Alto Baudó en bote –, dificultan el trabajo de la Unidad de Atención a las Víctimas y de la Cruz Roja Colombiana, que ofrecen ayuda humanitaria a los pueblos desplazados de la región, explicó Luís Mauricio Vesga, defensor delegado para los derechos de la población desplazada.

Los enfrentamientos también afectan la movilidad. Cerca de 450 personas están impedidas de utilizar las vías fluviales debido a la presencia de actores armados y el miedo a nuevos conflictos, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Efectos de la minería

La minería ilegal practicada en la región del río San Juan está afectando al Alto Baudó, según Guerrero.

“Los ríos en el Chocó pasan por las distintas subregiones. Entonces, si realizas la explotación y contaminas con mercurio, eso los afecta [a las otras áreas]”, explicó Guerrero.

“La Zona del Baudó no es una zona minera, sino que una zona netamente golpeada por el cultivo [de coca]”, precisó.

Según la Defensoría del Pueblo, la minería ilegal, la informal y la criminal – esta última utilizada como forma de financiamiento por los grupos ilegales armados que están en combate – están presentes en el departamento de Chocó.

La utilización de mercurio para la extracción aurífera ya contaminó los ríos Atrato, San Juan, Andágueda, Apartadó, Bebará, Bebaramá, Quitó y Dagua, informó el organismo.

Además de la contaminación de las aguas, la extracción ilegal en las minas ha desviado ríos, formando pozos de agua que causan la proliferación de enfermedades, como dengue y malaria.

La falta de saneamiento básico, tratamiento y abastecimiento de agua ha aumentado el riesgo de enfermedades en la región. La basura se acumula a cielo abierto o es arrojada a los cursos de agua, según la Secretaria del Departamental de Salud.

Como consecuencia, ya fueron registrados más de 400 casos de personas con síntomas relacionados a la contaminación de agua entre enero y abril de este año. Tres niños indígenas fallecieron en las comunidades de Buena Vista, Bajo Grande y Quiparadó en el mismo período.

Los deslizamientos de tierra, también causados por la explotación minera, provocaron 11 muertes este año en los municipios de Nóvita, Sipí y Medio Baudó.

No obstante, el conflicto entre los grupos armados en la región está dificultando el acceso a la información sobre las verdaderas dificultades enfrentadas por la población, de acuerdo a un informe del 23 de junio de la OCHA.

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