Consideran medida que busca atajar la fuga de talento

La Comisión de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica del Senado celebró vistas públicas para evaluar el Proyecto del Senado 1030 que propone crear un incentivo para la atracción y retención de personas en el servicio público y sin fines de lucro que hayan incurrido en deudas estudiantiles para completar sus estudios graduados.

El proyecto, de la autoría del presidente de dicha Comisión, Senador Ángel Rosa (PPD), contó con el aval del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), el Banco de Desarrollo Económico (BDE), la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la organización Foundation for Puerto Rico. La pieza propone otorgar una deducción contributiva igual al 50% del pago anual del principal de una deuda estudiantil acogida al programa federal Public Service Loan Forgiveness Program. Esto permitiría que estudiantes con maestría o un grado superior, que sean reclutados por el gobierno, sus corporaciones o por el sector privado sin fines de lucro puedan deducir anualmente la mitad del pago de su préstamo una vez acogidos al beneficio federal.

“Este proyecto viene a hacerle justicia a un sector de nuestra población joven que terminan de prepararse con grados avanzados en campos como medicina, derecho, finanzas, ciencias, tecnología y la educación a tener un incentivo para quedarse en Puerto Rico e intergrarse al servicio público o sin fines de lucro. Es una estrategia de retención del talento necesario para desarrollar al País”, dijo Rosa.

Según datos del Consejo de Educación Superior la fuga de talentos en Puerto Rico ronda el 25% de todos los graduados de bachillerato, maestría y doctorado nacidos en la Isla. Mientras datos del Censo de 2010 cerca de 3,000 puertorriqueños se marchan de la isla mensualmente.

“Muchos de esos que se se marchan son jóvenes bien preparados con maestrías y doctorados que no tienen ningún incentivo para aceptar una oferta de empleo en la isla, y máxime cuándo nuestros salarios no pueden competir con los ofrecidos en los Estados Unidos a este tipo de profesionales. Queremos ayudar a que la primera opción de estos jovenes en los que el País invierte muchos recursos para su educación superior, no sea coger un avión y marcharse de Puerto Rico”, dijo el senador popular, quién también es profesor universitario.

Durante las vistas, Ricardo González, Decano de Asuntos de Asuntos Académicos del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, avaló el proyecto propuesto ya que “actualmente muchos de los profesionales de la salud, emigran para ejercer su profesión fuera de la Isla”. Según su ponencia un aproximado del 40% de los egresados del Recinto se va de la Isla, debido a la pobre remuneración de estos especialistas por parte de los seguros de salud privados y “este incentivo contributivo que se pretende crear a nivel estatal, puede ser un aliciente para estudiantes de estudios avanzados los cuáles son los que en gran número terminan tomando préstamos para poder terminar sus estudios”.

Por su parte, la Foundation Puerto Rico recomendó la aprobación del proyecto ya que en la coyuntura en la que se encuentra la Isla “se debe incentivar a los jóvenes que buscan carreras en el servicio público a que obtengan educación post-graduada, otorgando una deducción mayor para pagos al principal de préstamos estudiantiles tomados con el propósito de completar estudios de maestrías y doctorados, entre otros grados académicos” expresaron en su ponencia.

Sólo el Departamento de Hacienda se opuso a la medida pues estimó que si un 5% del total de empleados gubernamentales cualificara para este beneficio serían 9,930 empleados, y si su deuda aproximada en préstamos estudiantiles fluctuara entre $50,000 a $70,000 a una tasa impositiva marginal de 12.2%, el efecto fiscal estimado sería entre $30.3 millones hasta $42.4 millones.

Rosa sostuvo que no asciende ni remotamente al 5% de los empleados públicos los que se acogerían a ese beneficio “Serían mucho menos de 9,930 empleados públicos los que se acogen al incentivo federal. Pero, además notó que el análisis de Hacienda es en términos del 50% del monto total del préstamo estudiantil y esto también, es una premisa incorrecta. La deducción propuesta sería del 50% del pago del principal del préstamo una vez acogidos al Loan Forgiveness Program federal. Por lo tanto, hay dos premisas incorrectas en el análisis que hace Hacienda para estimar que esto costaría $30 millones al año”, dijo.

Rosa concluyó diciendo que confía en que el Departamento de Hacienda colabore con su Comisión para determinar el verdadero impacto de la medida “y así garantizar que no sigamos empujando fuera del País a la población que tiene el potencial para sacarnos de la crisis”.