Atribuyen a problemas sociales el éxodo de estudiantes de la Isla

El Dr. Ricardo González Méndez, decano interino de Asuntos Académicos del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), sostuvo hoy que, aunque el pago de préstamos estudiantiles puede ser un elemento de peso para la fuga de talento, son los problemas sociales que afectan a la Isla la razón principal para la fuga de talento de Puerto Rico.

Su comentario se produjo durante una vista pública de la Comisión de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica del Senado, que preside el senador Ángel Rosa (PPD), en la que se consideró el Proyecto del Senado 1030, de su autoría, que propone establecer un incentivo para la atracción y retención de personas en el servicio público que hayan incurrido en deudas estudiantiles para completar sus estudios graduados; para crear la Ley de Incentivo para la Retención de Talento en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

No obstante, recalcó que para hacer real la retención del talento profesional puertorriqueño se deben alinear mayores esfuerzos en la creación de más empleos, salarios justos y competitivos, y mejores condiciones laborales. La congelación de posiciones y la falta de sueldos competitivos en agencias de gobierno, según dijo, hacen pensar que es difícil el que esta ley pueda tener el impacto proyectado en la retención de este talento que hoy se pierde.

De otro lado, informó que los egresados de los Programas de Residencia de la Escuela de Medicina de la UPR en las especialidades médicas como Medicina de Familia, Medicina de Emergencias, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, y Cirugía General, cerca del 30% al 40% de los egresados se va de Puerto Rico.

Además, expresó que en el caso de los estudiantes de Medicina, por ejemplo, la deuda promedio fluctúa entre los $60,000 y $70,000 dólares para los egresados de la UPR, mientras que para los egresados de las escuelas privadas o aquellos que estudian fuera de Puerto Rico puede sobrepasar los $200,000.

En tanto, el secretario interino del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Juan Suárez Izquierdo, expresó que “desde un principio, nuestro Departamento ha reconocido como un asunto prioritario atender la fuga de talento en la Isla. Ello puesto que la diáspora no sólo afecta el desarrollo económico de nuestro País, sino que también impide su recuperación, crecimiento y transformación. De hecho, conforme a lo que la Mesa de Acción para la Competitividad y Crecimiento informara el 13 de abril de 2014, la baja tasa de participación laboral, la economía subterránea, la emigración de nuestra juventud y el envejecimiento de la población ha tenido como consecuencia el estancamiento y el retroceso del desarrollo económico en nuestro País. Debido a que estas cuatro realidades sociales se entrelazan y relacionan entre sí, es necesario atender cada una de ellas como asuntos de prioridad para lograr que nuestro Puerto Rico sea sostenible a largo plazo”, dijo.

El senador Rosa planteó, por su parte, que prácticamente en Puerto Rico no hay ningún incentivo para que estos jóvenes profesionales quedarse en Puerto Rico. Además, sostuvo que los estudiantes que se van, cuestan más que lo que cuesta lo que propone este proyecto.

De otro lado, la subsecretaria de Hacienda, Karolee García, quien estuvo representada por Juan Vaquer Castrodad, asesor de la Secretaria de Hacienda, señaló en sus declaraciones escritas que “haciendo referencia a la Exposición de Motivos de la medida, que expresa que hay cientos de estudiantes del nivel graduado que asumen deudas que en ocasiones sobrepasan los $100,000 dólares y utilizando la información presentada en las planillas del año fiscal 2012, se determinó que hay 198,598 contribuyentes que aportaron al Sistema de Retiro del gobierno como el número de empleados públicos sobre el cual hacer estimados. Esto al no contar con otros empleados con otras contrataciones que no aportan al Retiro, significa que la cifra de empleados podría ser aún mayor. Suponiendo que un 5% de este total de empleados gubernamentales cualifique para este beneficio serían 9,930 empleados, tuvieran una deuda aproximada en préstamos de entre $50,000 a 70,000 dólares cada uno y a una tasa impositiva marginal de 12.2%, el efecto fiscal estimado sería entre $30.3 millones hasta $42.4 millones. Este efecto, se basa en un estimado del principal del préstamo, el cual se pagaría en un período de años que no se puede determinar”, dijo García, quien informó que Hacienda se apone al proyecto.

Reaccionando a tal aseveración, el senador Rosa Rodríguez sostuvo que no es el 5% de los empleados públicos los que se acogen a ese… “y ése es un número que se puede buscar. Pero, además de eso, sería mucho menos de 9,930 empleados públicos. Pero, además de eso, noto que el análisis de Hacienda es en término del 50% del monto total del préstamo estudiantil y esto también, es una premisa incorrecta. Hay un error en el análisis de Hacienda. Hay dos premisas que son incorrectas en el análisis que Hacienda hace. Pero, llegar al número de que esto cuesta $30 millones al año…”, sostuvo el Senador, al cuestionar esa cifra.