Sugieren trabajadores sociales de Familia den servicio a niños de Educación Especial

El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), José “Joito” Pérez propuso esta mañana que los trabajadores sociales adscritos al Departamento de la Familia presten servicio directo a los estudiantes de Educación Especial en el sistema público de enseñanza para así garantizar que estos jóvenes cuente con el ambiente propicio para alcanzar su mayor potencial académico.

“Esta iniciativa surge luego de sostener varias y extensas reuniones con padres de niños de educación especial a través de todo el distrito de Arecibo. Actualmente no existe ninguna interacción entre los trabajadores sociales de educación con los de familia. Los sociales del departamento de la familia tienen gran injerencia sobre este asunto, pues es su deber corroborar el bienestar de todos nuestros niños, muy especialmente aquellos con impedimento. Entre sus funciones se encuentra el velar que estos tomen todos sus cursos, que tengan al día cualquier equipo médico que necesiten, así como asegurarse de su bienestar social. Por eso hace mucha lógica que se unan esfuerzos, así familia podrá monitorear más de cerca estos jóvenes y estará en mejor posición para intervenir en cualquier situación”, manifestó el senador estadista.

Para lograr este objetivo, Pérez radicó el Proyecto del Senado 1117 el cual ordena a los titulares de Familia y Educación a establecer acuerdos colaborativos para la utilización de trabajadores sociales en la identificación de las necesidades del joven estudiante adscrito al Programa de Educación Especial.

Entre las nuevas funciones propuesta para los trabajadores sociales de la familia bajo el sistema de acuerdos se encuentran el ofrecer servicio de apoyo a los estudiantes con impedimento en todos los campos, colaborar con el departamento de educación para monitorear los menores con impedimentos desde los tres años hasta la edad compulsoria para entrar en el grado de Kindergarten, proveer y coordinar con el Departamento de Salud la prestación de servicios terapéuticos y médicos, entre otros; atender con prioridad cualquier querella de maltrato y negligencia en esta población, realizar y revisar historial psicosocial del estudiante y seleccionar un padre sustituto para asegurar que se respeten los derechos de cada uno de estos niños en caso de una emergencia.

“Muchas de estas directrices se encuentran bajo la Ley 51-1996, que obliga a la Administración de Familias y Niños (ADFAN) a proveer asistencia a los niños de educación especial. El problema estriba en que intervienen después de los hechos, si fueran parte del sistema, como proponemos con estos acuerdos, entonces conocerían de prima mano las necesidades de los estudiantes y seria más fácil el proceso de ayuda y coordinación de servicios”, añadió Pérez.

El pasado 9 de mayo de 2014, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, presentó el anuario estadístico del Sistema Educativo Año Académico 2011-2012, en la cual establece que durante ese año existían unos 114,523 estudiantes de Educación Especial en el sistema público de enseñanza.

La iniciativa del senador por el distrito de Arecibo va a la par con los dictamen establecidos en la sentencia del caso Rosa Lydia Vélez vs. Awilda Aponte Roque y otros, en donde obliga al Departamento de Educación implementar unos mecanismos para salvaguardar la salud física y emocional de los estudiantes con impedimentos.