Denuncian insuficiencia de personal en Corrección

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Enrique “Quiquito” Meléndez, reclamó al gobernador Alejandro García Padilla (PPD) a que responda al llamado de miles de empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), quienes temen por su seguridad y el ambiente necesario para el cumplimiento de sus obligaciones y garantizar los derechos de la población penal del país; ante el dramático incremento en denuncias de personal y oficiales de custodia que prestan vigilancia en el Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce, así como la reducción presupuestaria de cerca de $8 millones de dólares en nomina para el personal administrativo, de rehabilitación y oficiales de vigilancia de las cárceles del país.

Según el legislador, ha recibido comunicación de decenas empleados que allí laboran, quienes se sienten amenazados ante la notable reducción en la vigilancia carcelaria, así como la ausencia de un plan que describa los cambios que enfrentarán los complejos carcelarios ante la elevada reducción presupuestaria.

“Aquí vemos los resultados de cortes presupuestarios improvisados en los renglones que deberían garantizar seguridad tanto a nuestros empleados de corrección, así como a nuestra población penal a quienes también debemos garantizarle servicios de rehabilitación. Hemos visto en el pasado como bajo la tutela del secretario Negrón Fernández , se han cometido abusos y violaciones a la población penal, en parte debido a la ausencia de empleados y planes preventivos. Me opongo a que pongan en riesgo la seguridad de nuestros empleados, se recorten fondos sin el análisis correspondiente y sean expuestos a condiciones de trabajo no apropiadas. Trabajar en las cárceles es un asunto serio, de personas que se entregan. Al secretario y al gobernador que respeten nuestros empleados así como la población penal”, sentenció Meléndez

El legislador presentó la Resolución de la Cámara 981 para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y para el Desarrollo de Iniciativas contra el Crimen y la Corrupción de la Cámara, realizar una exhaustiva investigación, en torno a las medidas de seguridad implantadas y recursos humanos y económicos disponibles en el Departamento de Corrección y Rehabilitación, para asegurar la adecuada protección del personal integrado por los oficiales correccionales y oficiales de servicios juveniles.