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Natal propone boicot y demanda contra casas acreditadoras

El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Manuel Natal Albelo radicó un proyecto de ley para declarar estado de emergencia fiscal en Puerto Rico que permitiría al Gobernador establecer un plan de moratoria sobre la deuda no constitucional, equivalente a $2,700 millones de dólares anuales, y a renegociar los términos de tributación efectiva en los decretos de exención contributiva otorgado a compañías foráneas.

Según cifras del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la cantidad de dinero que saldrá de Puerto Rico en forma de pago al servicio de la deuda superará los $3,500 millones anuales durante los próximos cinco años. Aproximadamente 78 por ciento de la deuda pública es atribuible a deuda que no goza de garantía de entera fe y crédito constitucional. Una declaración de moratoria sobre esta deuda representa un posible ahorro en exceso de $2,700 millones anuales.

Lea el Proyecto de Ley

“Puerto Rico atraviesa por una de las peores crisis de índole económica, fiscal y social de su historia. Es una situación de emergencia fiscal que requiere de medidas drásticas e innovadoras, capaces de priorizar los mejores intereses de nuestra ciudadanía y nuestros habitantes, por encima de los intereses financieros en busca de mejores rendimientos marginales sobre los prestamos que nos puedan otorgar”, puntualizó Natal Albelo.

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El representante añadió que “si los ahorros producto de esta moratoria se reinvirtieran en la economía local a través de disminuciones de impuestos a nuestra clase media para combatir la desigualdad e incentivos a pequeños y medianos comerciantes, podríamos reactivar el crecimiento, aumentar el empleo y los recaudos al fisco necesarios para poder pagar el resto de la deuda”.

La débil situación de la economía y el frágil estado de las finanzas públicas, acompañados de mayor suspicacia en los mercados sobre la capacidad de repago de la creciente deuda, que al 31 de marzo de 2014 sumaba aproximadamente $72,796 millones, entre obligaciones generales del Fondo General, deuda municipal, y deuda emitida por corporaciones públicas y otras agencias, provocaron la degradación del crédito de Puerto Rico a grado especulativo por las tres principales compañías evaluadoras de crédito de los Estados Unidos. Toda esta situación viene acompañada del endeudamiento del Estado para atender las situaciones de corto plazo generadas por el fracaso constante de un modelo económico basado en la inversión de capital por corporaciones extranjeras atraídas por códigos contributivos favorecedores a esos intereses y con poco fomento en la creación de valor añadido local.

Administraciones anteriores han adoptado diversas estrategias para atajar la situación, desde medidas impositivas para lograr un aumento en los recaudos, recortes en los sistemas de retiro de empleados y funcionarios públicos, recortes en los gastos operacionales de las distintas agencias de la Rama Ejecutiva, reducciones presupuestarias en la Asamblea Legislativa, y políticas administrativas de congelación de plazas vacantes. Aunque se proyecta que estas estrategias redundarán en una reducción significativa del déficit operacional del Gobierno para el cierre del presente año fiscal, queda por atender el reto de reiniciar un proceso de crecimiento económico.

Desde la primera degradación a nivel especulativo el 4 de febrero de 2014, las tres principales compañías evaluadoras de crédito en Estados Unidos han coincidido que las debilidades económicas de Puerto Rico dificultan la implementación de las diversas estrategias anunciadas por el Gobierno. En la medida que el peso de la deuda continúe limitando la capacidad del Gobierno para invertir en el crecimiento de nuestra economía, y que las medidas de austeridad continúen mermando la circulación de dinero en la economía formal, aumenta la carga proporcional que debe absorber el ya debilitado sector privado del país para nuestra recuperación económica.

A esos fines el representante Manuel Natal también incorpora en su Ley Especial Declarando Emergencia Fiscal un procedimiento que obliga la renegociación de decretos de exención contributiva, con particular énfasis en obtener mayor rendimiento en la inversión que realiza el pueblo de Puerto Rico en las corporaciones foráneas que se establecen en la Isla.

El Gobernador obtendría las medidas de ahorros de desembolsos extraordinarios necesarias para conformar un fondo de inversión para mejoras capitales, para el desarrollo de pequeños y medianos comercios nativos, entre otros proyectos de inversión social y económica directo, equivalente a la cuantía que, de ordinario, se obtendrá mediante la emisión de deuda pública.

“Esta medida faculta al Gobernador a determinar cual es el mejor plan de reestructuración de la deuda que no goza de protección constitucional, declarando en moratoria las partidas necesarias de toda deuda pública que no constituya deuda de obligación general. Este estatuto incluye, una autorización para que el Gobernador pueda decretar moratorias sobre las deudas externas de municipio y corporaciones públicas”, señaló el representante.

El Gobernador podrá establecer una moratoria a los pagos de intereses y amortización de la deuda pública, cuyo repago no se haya garantizado constitucionalmente, contraída por las corporaciones públicas, los municipios y demás dependencias gubernamentales de Puerto Rico con autorización para la emisión de tales obligaciones crediticias a través de una Orden Ejecutiva.

Las disposiciones contenidas en esta Ley Especial tendrán efecto hasta el 30 de junio de 2018 o, si ocurre antes, el 30 de junio del primer año fiscal para el cual las cifras revisadas de la Junta de Planificación certifiquen que el crecimiento real en el PNB haya sido igual o superior a 1.5%, o un crecimiento real en el PIB igual o superior a 4.5%, para cualquier año posterior a la fecha de aprobación de esta Ley.

Por otro lado, Natal Albelo presentó dos resoluciones para presentar una demanda en contra de las tres principales compañías evaluadoras del crédito en Estados Unidos por sus intervenciones en los asuntos financieros del Gobierno y hacer un llamado al boicot en contra de las tres principales compañías evaluadoras de crédito en Estados Unidos, sus filiales, subsidiarias, marcas, conglomerados, empresas conjuntas y matrices, respectivamente.

Lea la Resolución sobre el Boicot

“Puerto Rico ha sido engañado por las principales compañías evaluadoras del crédito de Estados Unidos, quienes han influido maliciosamente en la percepción internacional sobre la capacidad de repago de nuestro Gobierno y han intervenido en la toma de decisiones económicas y políticas de Puerto Rico”, sentenció Natal Albelo.

Lea la Resolución Investigativa

La intervención de estas compañías con la administración de las finanzas públicas y la dirección de la política pública puertorriqueña ha costado miles de millones de dólares al erario público, a juicio de Natal.

Ya son 17 las jurisdicciones estadounidenses que han demandado a Standard & Poor’s “por su actuación fraudulenta” en la calificación de estos instrumentos financieros, y por el rol protagónico que tuvieron en la más reciente caída de los mercados financieros internacionales.

“Nuestro Gobierno también cayó en la trampa, y en Puerto Rico hemos pagado el precio por demasiado tiempo. Han pagado el precio nuestros pensionados y trabajadores pobres, nuestros consumidores y productores, nuestros pequeños y medianos comercios, nuestra clase media, nuestra juventud, nuestro sistema de educación pública y salud pública, porque durante este proceso no hemos tenido control sobre nuestra política pública”, indicó el representante.

“A partir de hoy, esta Cámara de Representantes proclama un cambio y afirma, ¡Nunca más!; pues, a partir de hoy, retomamos las riendas de nuestro país para beneficio de nuestros constituyentes y nuestros trabajadores, de nuestra juventud y las generaciones futuras. A partir de hoy, anunciamos que Puerto Rico está en pie de lucha, y no se doblega ante los intereses de especuladores”, concluyó.

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