Denuncian violación de derechos a ciudadanos de residenciales públicos

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ángel Peña Jr., radicó una medida ante la Comisión de Bienestar Social y para la Erradicación de la Pobreza de la Cámara de Representantes para que se investigue al Departamento de la Vivienda por alejarse de la política pública al privar a los ciudadanos de los residenciales públicos y sus juntas de la participación en aspectos importantes para dicho sector.

“Decisiones por parte de los directivos de la Administración de Vivienda Pública, parecen alejarse de la política pública de fomentar un ambiente adecuado y de comunicación y participación de los residentes, privándolos de poder asistir y opinar en aspectos medulares para su desarrollo y continuidad de servicios”, indicó el representante del Distrito 33.

Según explicó Peña Jr., recientemente se distribuyeron los pliegos de subasta para los servicios de agente administrador de los residenciales públicos “donde se excluyó los servicios de Trabajador Social, lo que ha ocasionado serias preocupaciones en los residentes”.

De acuerdo con el representante, la función del trabajador social es de vital importancia en el desarrollo de dicha comunidad, ya que además de ser un profesional de la conducta, éste se convierte en una mano amiga en quienes las personas se identifican más y crean una cierta confianza con ellos. Además es un facilitador, ya que ayuda a los residentes en las citas médicas, transportación y trámites gubernamentales, entre otros.

A tales efectos, según dijo Peña Jr., son repudiables las acciones que está tomando esta Administración Central, ya que los más perjudicados son los más necesitados de nuestro País, a los cuales se les quitan las herramientas necesarias para poder subsistir.

“La decisión que tomó la Administración de Vivienda Pública nunca le fue consultada ni presentada a los residentes de los residenciales públicos en plena violación a la Reglamentación Federal de Código 24, Sección 964 el cual establece que éstos tienen derecho de participar en la planificación de rodas las decisiones administrativas tomadas en sus respectivas comunidades”, explicó el Representante.

A este planteamiento se unió también como co autor el representante y secretario del PNP, José Aponte Hernández, quien anteriormente ha denunciado la situación.

En adición, el Legislador planteó que existen otros cambios en la organización de las zonas de servicios y en la manera en que se estarán adjudicando las compañías seleccionadas como agentes administrativos, los cuales deben ser evaluados por la Asamblea Legislativa.

Ante la preocupación de cientos de residentes en residenciales públicos, el representante Angel Peña Jr,. sostuvo una reunión con las juntas de los residenciales de toda la Región Este.