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Demandan al Presidente del Senado por discrimen político

El presidente del Senado, Eduardo Bhatia (PPD), enfrenta una demanda a nivel federal en la que se le acusa de violar las constituciones de Estados Unidos y de Puerto Rico así como leyes locales, al alegadamente actuar de manera discriminatoria en contra de empleados afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP).

Se trata de una demanda civil presentada por 32 exempleados de la Oficina de Servicios Legislativos (OLS ), dependencia bajo la administración del Senado y por consiguiente bajo Bhatia, quienes acusan a oficiales de dicho cuerpo y de la OSL de haberlos despedidos de manera ilegal, debido a su afiliación política, y sin causa ni reunión previa, tras las elecciones generales del 6 de noviembre de 2012.

Los demandantes alegan que se les violaron sus derechos bajo la Primera, Quinta y Decimocuarta Enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, así como en virtud de las leyes y la Constitución de Puerto Rico. Los derechos presuntamente violentados incluyen la libertad de expresión y asociación, el debido proceso de ley y la igualdad de protección de las leyes. A su vez, exigen una indemnización global de $47 millones de dólares y un juicio por jurado.

Expresiones públicas de Bhatia contra los empleados del PNP en OSL

La demanda narra alegadas acciones y expresiones que describieron como “despectivas y malintencionadas” por parte del líder senatorial, así como de subalternos y pares en el Senado, en contra de los demandantes.

Presuntamente Bhatia realizó varias expresiones públicas donde dicen enfatizaba su alegado desprecio por los profesionales que laboraban en la OSL simplemente por estar afiliados al PNP. Los demandantes le atribuyen a; presidente senatorial haber manifestado que estaría “sustituyendo los equipos” y que la “OSL se acabó”, que “lo que hay es un batatal”.

Acoso laboral y despido injustificado

Se indicó además que la labor de los 32 empleados despedidos fue descrita como excelente, no tenían a su cargo la creación de política pública o asuntos confidenciales y todos son miembros activos del PNP. Todos fueron despedidos sin previo aviso el 21 de marzo del 2013, día que fueron entregadas 72 cartas de cesantías hecho que describieron como uno “humillante y sorpresivo”, según los relatos.

Algunos de los despedidos contaban con 10, 15 y hasta 35 años de servicio en la OSL; los puestos que ocupaban varían desde enfermeras, bibliotecarias, oficinistas, guía turístico entre otros. Cada uno de ellos tenía como encomienda ofrecer los servicios a todos los representantes y senadores indistintamente de su afiliación política.

En la demanda se indica que inmediatamente después de las elecciones generales, comenzaron a surgir rumores de que todos los empleados de la Asamblea Legislativa identificados con el PNP serían despedidos una vez juramentaran las nuevas mayorías legislativas y sus respectivos presidentes.

Los demandantes relatan que en enero de 2013 comenzó el trato desigual para los empleados PNP, desde la remoción de permisos de estacionamiento, acosos cibernético con la creación de páginas en redes sociales donde intimidaban a los empleados diciéndoles que pronto serían despedidos, no les proveían materiales de oficina advirtiéndoles que si se agotaban tenían que comprarlos ellos, algunos de los aires acondicionados de varias oficinas dejaron de funcionar y no se les proveía agua a los empleados, hasta la aplicación de una mordaza ya que se les llamaba la atención a los empleados por expresar sus opiniones en las redes sociales.

Una vez el PPD juramentó en propiedad, los requisitos de servicios a la OSL comenzaron a disminuir ya que los legisladores del PPD no hacían requisiciones, solamente llegaban las de los legisladores del PNP. Esta dinámica contrastó mucho con el comienzo de sesiones anteriores en donde abundaba el trabajo, lo que se traduce, según la demanda, como un plan orquestado por el Presidente del Senado para aislar la OSL.

Manejo de los despidos

Los demandados relataron que cerca de la fecha de las cesantías, personal de seguridad comenzó a rondar las instalaciones de la OSL y anotar en libretas cada movimiento del personal.

Alegan que un oficial de seguridad, la persona a cargo de la propiedad en OSL y la directora de Recursos Humanos del Senado le instruyeron a algunos empleados que se les entregaría una carta y ellos tendrían que entregar sus identificaciones y llaves. Poco después, oficiales de seguridad del Senado se personaron a las oficinas para decirles a los cesanteados que tenían que empacar sus pertenencias y abandonar la OSL inmediatamente.

Otros demandantes narran que fueron llamados a la Biblioteca donde, delante de todos, los alinearon y llamaron por su nombre, destacando de esta forma según indicaron los exempleados, el desprecio con que los trataban. Ese día hubo 72 despidos.

Los empleados identificados con el PNP señalan que la carta de despido no proporcionó ninguna información en cuanto a la justificación o razón detrás del mismo y que la parte demandada nunca evaluó ni revisó las tareas o desempeño de los demandantes.

La demanda describe las secuelas de los despidos en cada uno de los demandantes tales como la pérdida de ingresos, la angustia mental, sufrimiento, humillación, estrés, depresión, pérdida de autoestima hasta verse incapaces de mantener los pagos y cumplir con sus obligaciones económicas, tales como pensiones alimenticias.

Excusas sin justificación

A pesar que la excusa para los despidos dada por el Director de OSL fue que se estaba reestructurando la dependencia como parte de la Reforma Legislativa, para el momento de los despidos no se había preparado ningún plan de reorganización.

No fue hasta mayo del 2013, 45 días después de los despidos, que el Senado presentó su informe sobre la Reforma Legislativa en donde recomendaba la eliminación de OSL. El proyecto de ley presentado, que proponía la reestructuración de la OLS, no fue aprobado por la Asamblea Legislativa. Lo que destacan, significa que el supuesto plan de reestructuración, que no existía en el momento de los despidos, fue rechazado en última instancia por la misma mayoría parlamentaria que lo utilizó como pretexto para despedir a los demandantes.

Los demandantes destacaron que el informe no añadió las ponencias de pasados presidentes del Senado, dos de ellos afiliados al PPD, en donde cada uno solo tuvo palabras de elogio a la labor de la OSL sin hacer alusión a ningún trabajo partidista.

En la demanda se indica que el propio Director de la OSL manifestó que si fuera por él, no despediría a ningún empleado, pero si la orden “viene de arriba”, en referencia al Presidente del Senado, él la ejecutaría. Estas expresiones son parte de la evidencia presentada en la demanda de que no había razón profesional alguna para despedir a los empleados.

Manejo de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa

La Oficina de Servicios Legislativo, cumplió el pasado mes de enero su aniversario de diamante, 60 años sirviendo a la Asamblea Legislativa bajo la amenaza de eliminación por parte del Presidente del Senado.

Se le conoce como el albacea de la historia legislativa, cuya función principal es el asesoramiento legislativo y legal a los miembros de la Asamblea Legislativa; a su vez, ofrece otros servicios como la Sala de Primera Ayuda, la biblioteca, el mantenimiento del portal de Trámite Legislativo entre otros.

Cada cuatrienio los presidente legislativos se intercambian la dirección de la OSL y la Superintendencia del Capitolio, aunque decisiones singulares deben tomarse en conjunto. Este cuatrienio la OSL quedó bajo la sombrilla del Senado y la Superintendencia bajo la Cámara de Representantes.

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