Debaten conceptos ‘diversidad funcional’ versus ‘persona con impedimentos’

La Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV) no endosó el Proyecto del Senado 967 para crear la “Ley para el Acceso, Adiestramiento y Apoyo Extendido para la inserción social de las personas de 21 a 59 años con diversidad funcional”; a los fines de proveer acceso y eliminar de barreras de servicio a la población de 21 a 59 años con diversidad funcional.

“La aprobación de esta medida crearía una burocratización de servicios, que va en contra de todas aquellas disposiciones de ley que dan vida a una agencia como la nuestra”, dijo Iván Clemente Delgado, Administrador de la ARV.

Clemente Delgado rechazó además el uso del término diversidad funcional por entender que es abiertamente contrario al término utilizado por legislación y reglamentación federal ya establecido “el incluir la clasificación de ‘diversidad funcional’ viola el principio de campo ocupado y la Cláusula de Supremacía, además de crear una clasificación sospechosa” señaló el Administrador para no querer cambiar el término personas con impedimentos.

A estos efectos la presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social del Senado de Puerto Rico, Rossana López León (PPD) indicó “la intención no es disminuir lo ya establecido por la ley federal sino añadir, estamos incluyendo otras definiciones. Estamos definiendo aún más la cantidad de personas que estarían bajo los criterios de elegibilidad”.

Otra de las preocupaciones de la ARV es la creación de la División de Servicios de Acceso y Rehabilitación Integral, “nosotros entendemos el propósito loable y noble de esta legislación, pero estaríamos haciendo mal uso de fondos asignados a la agencia, le solicitamos la reconsideración de esta medida desde ese punto de vista” solicitó Clemente.

Por su parte la Administración de Rehabilitación Vocacional recomendó evaluar la posibilidad de ampliar y fortalecer, a través de la asignación de fondos, la prestación de servicios que ofrecen los Centros de Vida Independiente para alcanzar una mayor población. “Hay una población a la que no se le están ofreciendo los servicios, por eso añadimos a esa población. El proyecto no dice que esa población será atendida con los fondos federales de Título I” aseguró la senadora Rossana López.

Por otro lado López León afirmó que el hecho de cambiar el nombre no va contra la ley federal, “lo han hecho otros estados, la intención no es perder fondos federales. Bajo ningún concepto haremos algo que vaya en contra de las personas que ustedes atienden”.

Mientras el Administrador Iván Clemente, solicitó 10 días laborables para entregar documentos con el Informe enviado al gobierno federal y su reporte final que incluya los acuerdos colaborativos, el procedimiento de transición, el plan de “Independent Living Centers”, el sistema de referido, el estudio para llevar a cabo un plan estatal, el programa de innovación o expansión de actividades y la asignación de fondos por Título.