Comisión de Gobierno de la Cámara inicia vistas para revisar escalas salariales

La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes que preside el representante José “Conny” Varela (PPD), inició vista públicas para investigar las condiciones en que se encuentran las escalas salariales, beneficios marginales y bonificaciones de la Rama Judicial y todas las dependencias de la Rama Ejecutiva al igual que el cargo de alcalde.

La investigación impulsada mediante la Resolución de la Cámara 463, va dirigida a auscultar si la retribución salarial es justa y equitativa con relación al puesto que se ocupa. También, evalúa la posibilidad de preparar un sistema de retribución uniforme para todas las agencias, departamentos e instrumentalidades de las Ramas Ejecutiva y Judicial.

El representante explicó que en julio de 1994 se aprobó el Plan de Reorganización 1, de la Rama Judicial con el fin, de establecer los sueldos de los Jueces del Tribunal Supremo, Apelaciones y Primera Instancia, por el hecho de que comparativamente los salarios de los Jueces estaban por debajo de lo justo tomando en consideración la complejidad de sus funciones. Asimismo, indicó que después se creó la Ley Núm. 80 de 10 de junio de 1998, con el propósito de establecer la política pública del Gobierno sobre el sueldo de los Jueces y enmendar el Plan de 1994, para revisar las escalas salariales aplicables a la Judicatura. Sin embargo, la medida propone una nueva revisión.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, la jueza Elizabeth Linares Santiago, sostuvo que está en juego la independencia judicial, donde los jueces se vean imposibilitados de tomar decisiones libres de presiones, a lo que adjudicó responde las salvaguardas para la Rama Judicial en la Constitución. A esos efectos dio validez a su derecho de un plan de jubilación que es el único protegido por la Constitución de Puerto Rico, y que se podría interpretar como una indiscreción contra la independencia judicial que debe permear en dicha Rama, al no haber una estabilidad para los que ostentan el cargo.

Asimismo, la directora de la Oficina de Administración de los Tribunales, Sonia Ivette Vélez, sostuvo que alberga serias reservas respecto al interés de establecer un sistema de retribución gubernamental uniforme que incluya la Rama Judicial.

“Más que la posibilidad de establecer un sistema de retribución uniforme para todas las agencias públicas, consideramos que debe ponderarse la deseabilidad y conveniencia de dar paso a dicha iniciativa como cuestión de política pública. Además, no es posible hablar de retribución sin examinar la clasificación de los puestos”, dijo Vélez.

Mientras, la licenciada Nicole Torres de la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH), reconoció el propósito enmarcado en la Resolución que persigue evaluar la implantación de nuevas medidas afines con la situación fiscal imperante en el sector público. Agregó, que en cuanto a las condiciones en que se encuentran las escalas salariales denotan que cada agencia tiene un Plan de Retribución, mediante el cual se asignan las clases a las escalas retributivas. Incluso aseveró que cada agencia desarrolla los planes de clasificación o valoración de puestos y de retribución de acuerdo al presupuesto que le aprueba la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para el desarrollo de los mismos.