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“Departamento de Educación ha funcionado como una fábrica de millonarios”

La portavoz de la organización magisterial EDUCAMOS, Eva Ayala, afirmó hoy que “mientras el Gobierno obliga al magisterio a ausentarse por enfermedad sin estar enfermos con tal de no pagarnos los días acumulados en exceso de los 90, que está reglamentado por ley, prefiere seguir pagando millones a las compañías privadas bajo el Programa de Servicios Educativos Suplementarios (SES). Durante más de 10 años, el Departamento de Educación (DE) ha funcionado como una fábrica de millonarios. Se ha invertido billones de dólares en empresas que no han resuelto nada, mientras el magisterio tiene que gastar de su menguado salario para que las escuelas funcionen. Cada empresa y contratista se ha llevado su tajada del presupuesto, mientras continuamente se reducen las plazas y recursos para la sala de clases.”

“Por años, el DE ha ignorado nuestra continua denuncia sobre este asunto. Es ahora que el Secretario de Educación viene a darse cuenta de que tales empresas son inefectivas y que no es necesario darles la millonada que hasta el momento se venía invirtiendo. Pero no dice que va a dejar de pagarles. Año tras año, las comunidades escolares y el magisterio como parte de estas, hemos reclamado que esos fondos se inviertan para fortalecer la escuela pública regular nombrando más personal, asignando mayores recursos, ampliando la oferta académica para nuestros alumnos, mejorando la planta física, los equipos y materiales que tanta falta nos hacen”, añadió Ayala.

La líder magisterial cuestionó que “¿Hasta cuando va a seguir el Secretario violentando las normas en el DE, promoviendo a los privatizadores, fomentando la deserción escolar a través de las mal llamadas escuelas aceleradas; violando nuestro derecho por antigüedad, las listas de turno y otros derechos adquiridos, permitiendo a empresas privadas intervenir en el proceso de nombramientos, apoyando la nefasta Ley 160 para destruir nuestro retiro y desmantelando la escuela pública del país? Ahora se pretende cerrar sobre 200 escuelas y eliminar 7,000 plazas, utilizando el proceso de organización escolar para un propósito contrario al esperado, eliminando recursos, en lugar de garantizarlos. Y todo por acoplarse al mandato de sus jefes políticos.”

“Si fuéramos a referir a alguien a la Oficina de Ética Gubernamental, es el Secretario quien debiera encabezar la lista, junto a los otros que han dirigido el sistema educativo durante los años recientes. Emplazamos nuevamente al Secretario para que se sume a la defensa y validación de la educación pública que necesitamos y no funcione como su principal detractor”, concluyó la dirigente magisterial.

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