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Denuncian alcalde de Corozal dilata investigación en su contra

Diez meses han pasado y el Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) se ha visto imposibilitado de continuar la investigación contra el alcalde de Corozal, por manejos de fondos públicos para beneficio personal, dado “al abuso del alcalde del proceso judicial al radicar recursos frívolos ante el Tribunal de Apelaciones buscando dilatar e impedir la investigación en curso” denunciaron los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González y Rafael “June” Rivera. 

Los representantes novoprogresistas señalaron que la investigación debe ser una rápida y sencilla, ya que como dato relevante está que el propio alcalde admitió los hechos y que incluso su defensa le diera la razón a las denuncias hechas por los legisladores estadistas.

“Luego de que hiciéramos las denuncias, el propio alcalde confirmó que había asfaltado su hogar, su residencia privada, con fondos del Municipio de Corozal. Hay una admisión del Primer Ejecutivo Municipal y ante la misma, el alcalde ahora busca dilatar los procesos e impedir la investigación por parte del FEI”, denunció González.

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Por su parte, el legislador del área de la montaña indicó que el tiempo les dio la razón, ya que las segundas denuncias que hicieran contra el alcalde de Corozal sobre el pago con fondos públicos a un abogado contratado por el Municipio quien lo defendía a nivel personal, fueron confirmadas por el propio abogado del alcalde.

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“La propia defensa del alcalde de Corozal, luego de nosotros haber hecho nuestras denuncias, devolvió el pago con fondos públicos que le hiciera el ejecutivo por defenderlo a nivel personal en el caso de asfalto a su residencia. Así admitió nuestras imputaciones de que el pago era ilegal. Esto, definitivamente, es una falta ética y administrativa”, denunció Rivera.

“Exigimos a los foros correspondiente que tomen acción ante estas imputaciones. Que el alcalde de Corozal no se convierta en el nuevo ‘amigo del alma’ de esta administración y que sus delitos confesos queden impunes”, sentenció González.

El pasado mes de abril, ambos representantes evidenciaron cómo el alcalde de Corozal, Sergio Torres Torres (PPD), utilizó empleados municipales para violar la ley, al decidir asfaltar un terreno ubicado dentro de la residencia de éste. Hecho, que el propio alcalde admitió en entrevista radial.

Los legisladores estadistas indicaron que Torres Torres ha cometido al menos tres delitos graves: aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos; malversación de fondos públicos y violaciones al Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico. Por tal razón, los legisladores presentaron la Resolución de la Cámara 465, la cual se ha dejado en Primera Lectura, y presentaron querellas ante el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, el Departamento de Justicia y la Oficina del Contralor; igualmente, los representantes remitieron una carta sobre los hechos al Gobernador de Puerto Rico.

Para el mes de octubre, los legisladores denunciaron que el alcalde “continuaba con su patrón de corrupción al malversar fondos públicos”, cuando pagó con dinero de las arcas del Municipio su defensa ante acusaciones de aprovechamiento ilícito de servicios públicos.

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