Continúa el análisis sobre efectividad de incentivos

La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes prosiguió hoy martes con las vistas en torno a la Resolución de la Cámara 594 que investiga la efectividad de las exenciones, créditos e incentivos que se han concedido y si éstos han cumplido con los propósitos para los cuales fueron creados. Durante la audiencia presidida por el representante Rafael “Tatito” Hernández, comparecieron portavoces del sector de la construcción para dar a conocer su experiencia con los incentivos y presentar recomendaciones, a fin de que los mismos sean más efectivos para quienes los reciben y para el Estado.

El presidente de la Asociación de Contratistas Generales de Puerto Rico, Raúl Brass, planteó que la concesión de incentivos, exenciones o beneficios contributivos responden a una estrategia mundial que se utiliza para lograr el desarrollo económico sustentable y la competitividad de un país. Para el ingeniero, los mismos son necesarios para crear el clima de inversión que tanto se anhela en la Isla.

Sin embargo, reconoció que el sector de la construcción se ha visto afectado por la burocracia en los procesos de evaluación y otorgamiento de los decretos. El mismo toma de 18 a 24 meses, tiempo que no es aceptado por muchos inversionistas. “A esto se suma el ambiente de negocios afectado por el aumento en los costos de energía y los costos de hacer negocio en Puerto Rico”, dijo Brass.

El ponente planteó además, que no han tenido acceso a la información financiera que valide el impacto de las exenciones, créditos e incentivos en el sector de la construcción. No obstante, sostuvo que hasta que no se obtengan los datos, no se deben haber cambios a ese sistema, para no afectar más a la economía local.

Ante el planteamiento, el representante Hernández aclaró que la intención de la Comisión no es eliminar los incentivos, sino hacer los cambios necesarios para que beneficien más a las empresas puertorriqueñas. “Las exenciones perdieron su concepto principal de ayudar al inversionista local. Tenemos que retomar eso. Queremos saber dónde es que estamos perdiendo para ir de tú a tú”, afirmó el Presidente de la comisión.

El representante concedió a Brass dos semanas para que presente a la Comisión las recomendaciones pertinentes, basado en la experiencia del sector de la construcción. “Necesito que me diga lo que hace falta para que el dinero se quede aquí y no se vaya. Pido ejemplos concretos para realizar legislación que los beneficie”, afirmó.

Por su parte, la Asociación de Constructores de Hogares defendió la concesión de créditos en incentivos para ese sector. En especial, destacaron el beneficio concedido mediante el programa Mi Casa Propia. El director ejecutivo de la Asociación, José A. Feliciano, dijo que Mi Casa Propia es una inversión que ha beneficiado a miles de familias puertorriqueñas, al sector de la construcción, a una cadena amplia de industrias y comercios, y a los municipios.

“Es una estrategia efectiva que cierra la brecha de las necesidades sociales de vivienda, que promueve un hogar digno y seguro para personas de bajos ingresos. Además, promueve la inversión privada de construcción de viviendas, genera empleos directos e indirectos y genera ingresos fiscales para el Estado y los municipios”, destacó Feliciano.

Mientras, el pasado presidente de actual miembro de la Junta de Directores de la Asociación, Rafael Rojo, solicitó al presidente de la Comisión la prevalencia de los incentivos para que las familias puedan dar el pronto para obtener su vivienda. A su vez, solicitó se cambie el enfoque de los incentivos para la construcción de hogares, para de esa forma atender el sector de viviendas de interés social.

El ponente planteó que “cerca de 300,000 familias en Puerto Rico, necesitan un hogar de interés social”.