Denuncian intervención de empresas privadas en nombramiento de maestros

La portavoz de la organización EDUCAMOS, Eva Ayala denunció el martes que alegadamente compañías privadas han estado interviniendo en el nombramiento de personal en las escuelas públicas, y que temen que la situación se agudice ante la esperada “avalancha” de maestros que se acogerían  al retiro para escapar de los efectos de la Ley 160 que reformó el Sistema de Retiro para Maestros (SRM). 

“Andan nombrando maestros para las clases regulares, personal secretarial, auxiliares administrativos y guardias de seguridad, violando los más elementales principios de autonomía académica, fiscal y administrativa, según la Carta Circular 4-2013-2014 pp 2-3 que dice que “las escuelas pertenecen a las comunidades que sirven y estas deben participar en su gobierno”. En el caso del personal docente, se supone que el mismo sea nombrado por el Departamento de Educación (DE) siguiendo la normativa vigente, según la lista de turnos y que el mismo esté altamente cualificado. Un hecho importante es que el personal nombrado por la empresa privada no cotiza para el SRM. Los criterios de las compañías privadas no necesariamente son los mismos que los requeridos bajo la normativa de la agencia”, expresó Ayala mediante comunicación escrita.

La líder magisterial indicó que la situación está ocurriendo en escuelas bajo el llamado “Programa de Transformación Escolar” como lo es la escuela Fernando Suria Chavez donde al final de 3 años el maestro que no tenga evaluaciones satisfactorias quedaría fuera del DE por que según el director “si no sirven en esta escuela no sirven en ninguna”. Dicha escuela y la Segunda Unidad Francisco Vázquez Colón, ambas de Barceloneta están siendo atendidas por la empresa América Aponte & Associates. El programa fue establecido para atender alegadas deficiencias determinadas por los resultados de las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA), pruebas que han sido cuestionadas y las propias autoridades han aceptado que tienen problemas de validez y confiabilidad. A este programa pertenecen 52 escuelas, según lo que establece la Carta Circular 4-2013-2014. Al magisterio de tales escuelas se les ha dicho que si en tres años no rinden unas evaluaciones satisfactorias quedarían fuera del Departamento de Educación. Ayala señaló que en la decisión de separar a los maestros de sus posiciones no se toma en cuenta los diversos factores que inciden sobre el aprovechamiento, simplemente se responsabiliza al magisterio por los problemas existentes.

“El DE parece haber adoptado la visión de algunas compañías que promueven una campaña difamatoria contra maestros y facultades completas como la empresa ya mencionada. Ante eso, compañeros de diversos planteles han denunciado los problemas existentes con dicha empresa. La situación ha provocado que algunas facultades se hayan opuesto a la mencionada empresa votando en contra de la permanencia de la misma en el plantel, lo que ha sido obviado por las autoridades, como ocurrió en la escuela Fernando Suria Chavez” añadió.

Ayala dijo además que el DE ignora los numerosos problemas en el sistema educativo como el hecho de que los fondos no llegan a la sala de clases, los problemas de planta física, mantenimiento, contaminación, falta de agilidad en los nombramientos, la política de eliminar plazas y planteles y el grave problema de la politización en la agencia. “A eso se suma la inestabilidad creada por el trastoque del retiro de maestros a partir de la Ley 160, el hecho de que los maestros tienen que poner de su menguado salario para adquirir materiales y acondicionar los salones, entre otros. Y por otro, la grave ausencia de mecanismos de participación democrática por parte de la comunidad escolar y el magisterio en la toma de decisiones, así como la campaña que mantiene la actual administración en contra del magisterio”, acotó.

La educadora denunció que “ante la posible salida de miles de compañeras del sistema educativo creada por la eliminación del derecho a un retiro justo, nos preocupa sobremanera que el DE deje de ejercer su función y el personal docente sea entonces nombrado por compañías privadas cuyo principal interés sea obtener ganancias tratando la educación como una mercancía cualquiera. El plan se cae de la mata: si las cosas no mejoran, los maestros son culpables, hay que cambiarlos a todos y nombrar gente nueva. Emplazamos al Secretario de Educación para que diga si ese es su plan, en qué se fundamenta, quién será entonces el patrono o autoridad nominadora, a quién responde ese personal, si es a una compañía privada o al DE como agencia pública a cargo de la función educativa en el país. Que se nos diga si eso es parte de la nueva política pública en el sistema público de enseñanza. Que nos explique si piensa seguir violentando la normativa vigente en el Departamento de Educación. Que responda el secretario si va a defender la escuela publica o va a promover la privatización”.

“De nuestra parte, estaremos donde el magisterio nos necesite como parte del pueblo trabajador en defensa de nuestros derechos y del derecho a la educación pública de excelencia que siempre hemos reclamado”, concluyó la líder magisterial.