Piden a Justicia radicación de cargos contra alcalde de Guánica

El Senador por el Distrito de Ponce, Martín Vargas (PPD), urgió del Departamento de Justicia una investigación y encausamiento criminal inmediato por los delitos de contaminación ambiental y contaminación ambiental agravada, contra el alcalde del Municipio de Guánica, Santos Seda “Papichy” (PNP) por alegadamente operar ilegalmente un vertedero clandestino. De igual forma solicitó la acción decidida y rápida de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) para que ordene un cese y desista y active todas las prerrogativas que la “Ley Sobre Política Pública Ambiental” le faculta para evitar que se siga dañando el medio ambiente.

“El Municipio de Guánica y su alcalde han decidido colocar en riesgo público la salud y el ambiente de nuestra gente. Por orden del alcalde Seda, se ha establecido un vertedero clandestino que opera sin permisos y en el que se pretende, trabajando durante la noche, enterrar desperdicios sólidos de forma ilegal. Estos actos no sólo colocan en riesgo la salud de nuestra población, sino que se violentan leyes estatales y federales sobre el manejo y disposición de desperdicios sólidos. Además, estas actuaciones por instrucciones específicas del alcalde Seda, constituyen un delito grave de naturaleza ambiental con pena de cárcel”, apuntó el también Presidente de la Comisión Senatorial a cargo de los Municipios.

El Artículo 236 del Código Penal de Puerto Rico establece como delito la contaminación ambiental. Dispone que “toda persona que realice o provoque vertidos de cualquier naturaleza en el suelo, aguas terrestres superficiales o subterráneas, en violación a las leyes o reglamentos o las condiciones especiales de los permisos aplicables y que ponga en grave peligro la salud de las personas, el equilibrio biológico de los sistemas ecológicos o del medio ambiente, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. Por su parte, el Artículo 237 dispone que si la contaminación ambiental se realiza por una persona sin obtener el correspondiente permiso, endoso, certificación, franquicia o concesión, o clandestinamente, o impidió u obstaculizó la inspección por las autoridades competentes, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años. La Ley Sobre Política Pública Ambiental impone otras penalidades monetarias y permite a la JCA emitir órdenes de cese y desista. Además, si la JCA no actúa, se permite demandar a los funcionarios que no actuaron y solicitar de un tribunal un mandamus, que los obligue a aplicar la Ley.

“Lo terrible de este acto es que se hace con conocimiento de que es ilegal, de que es un delito, un crimen. En la oscuridad de la noche, cuando los empelados de Obras Públicas municipales se retiraron a sus hogares, una brigada utilizó equipo del Municipio para hacer un vertedero clandestino en terrenos municipales. Si el Alcalde hubiese contado con permisos, no hubiese ordenado hacer el trabajo de noche. Claro, no puede tener permiso para enterrar basura en un lote que es el lugar de trabajo de empleados municipales y que se encuentra muy cerca del Río Loco”, acotó Vargas.

“No es perdonable una actuación de esta naturaleza, mucho menos cuando se utiliza la oscuridad y silencio nocturno para encubrir un delito contra los guaniqueños. No es posible que se trate livianamente a un Alcalde que no siente respeto por el ambiente, ni se preocupa por el impacto a los empleados que hoy hubiesen llegado a su lugar de trabajo desconociendo que trabajarían sobre desperdicios sólidos depositados de forma ilegal y en menosprecio a su salud y seguridad. No es posible que se deje pasar los actos de una Alcalde que opta por no respetar las Leyes de Puerto Rico y de los Estados Unidos, sobre el manejo de desperdicios”, expuso Vargas Morales al tiempo que expresó contar con evidencia fotográfica y con testimonios de residentes de Guánica.

“Por tanto, exijo de la Junta de Calidad Ambiental una investigación a fondo y que, sin dilación, ordene un cese y desista al alcalde por violación a las disposiciones sobre el manejo, transportación y disposición de desperdicios sólidos peligrosos y su posible impacto al Río Loco. Además, exijo del Departamento de Justicia una actuación inmediata contra el alcalde Seda por violación a las disposiciones del Código Penal de Puerto Rico y la Ley Sobre Política Pública Ambiental, la naturaleza de la ofensa no permite que se pierda un segundo más sin actuar”, finalizó el Senador popular.