Predicamento en que se encuentra ahora el Gobierno

Someter un presupuesto balanceado para el próximo año fiscal, pagar normalmente la deuda y adelantar pagos a los bonistas por la suma de $940 millones como exigen algunos contratos de pagos en caso de activarse la degradación del crédito público a “chatarra” es el plan de la presente administración del gobernador Alejandro García Padilla. Todo eso sin despidos en el Gobierno, sin reducción en las jornadas de trabajo ni aumentando el IVU. Un plan que economistas consideran sumamente ambicioso.

Lo cierto es que lo único claro y transparente de ese plan, tras la degradación del crédito público a “chatarra” por parte de la casa acreditadora Standard & Poor’s es que se someterá un presupuesto para el próximo año fiscal que comienza en el mes de julio con una reducción fiscal de $170 millones.

Pese a que García Padilla aseguró que no despedirá empleados públicos y no aumentará el IVU, hay consenso entre los economistas de que esa promesa será muy difícil de cumplir. Ellos son contestes de que el Gobierno tiene que establecer nuevas prioridades para reformar a fondo sus ingresos y gastos. Existe de inmediato la necesidad de cumplir con unos pagos acelerados, que el Gobernador dice que está negociando para vencimientos a plazos, por la suma de $940 millones.

García Padilla ha dado instrucciones de que se reduzca en un dos por ciento el presupuesto de las agencias del Gobierno, lo cual implica la renegociación de tarifas y servicios comprados a contratistas, además de una reducción en las asignaciones para contingencias y otras asignaciones presupuestarias que no se han desembolsado.

El Primer Mandatario del país aceptó que tiene un listado de agencias que se pueden consolidar. También, un estudio de análisis financiero acerca de cuánto se ahorraría el Gobierno si se reduce la jornada laboral de los empleados públicos y una propuesta dirigida a aumentar el IVU.

La nota esperanzadora para los servidores públicos la dio con su afirmación de que se honrará el compromiso de pagar la segunda mitad de los aumentos salariales y otros beneficios económicos de los convenios colectivos del sector gubernamental que se habían acordado pagar totalmente el año pasado y que se dividió en dos pagos, el segundo de ellos para este año.