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Cámara evalúa proyecto para crear nueva ley de política ambiental

El presidente de la Comisión cameral de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de la Cámara de Representantes, César Hernández Alfonzo (PPD), informó hoy que se propone realizar “un análisis exhaustivo” del Sustitutivo al Proyecto del Senado 820, que busca crear la “Ley sobre la Política Pública Ambiental”, ante la posiciones contradictorias de las agencias involucradas en esta medida. Vea las fotos

“Ante la variedad de opiniones entre agencias tales como la Junta de Calidad Ambiental (JCA), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Hacienda, en estos momentos no poseemos los elementos de juicio, para aprobar la legislación, por lo que nos proponemos, realizar un estudio exhaustivo para tratar de armonizar las partes”, indicó el legislador.

Esto ante “nuestras serias dudas sobre este proyecto ya que vemos mucha información contradictoria entre las diferentes agencias sobre las debidas responsabilidades que cada cual tiene y que serían encomendadas a la Junta de Calidad Ambiental (JCA)”, con la que no están de acuerdo dichas agencias. Asimismo, explicó que a ello se une “el costo que conlleva para el Fondo General las iniciativas de contratación de nuevo personal, que estipula la medida, que en estos tiempos de crisis fiscal tienen que ser analizadas”.

El representante Hernández Alfonzo añadió que “estamos esperando información del Departamento de Justicia (DJ), de la Administración de Desperdicios Sólidos (ADS) y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) pero con lo que tenemos hasta el día de hoy, no estaríamos en una posición de avalar un proyecto como este”.

Sin embargo, la directora ejecutiva de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), Laura Vélez Vélez, se mostró a favor de la medida ya que “unifica en una sola pieza legislativa la mayoría de los asuntos que están bajo la jurisdicción de la JCA”.

Vélez señaló que entre los beneficios del proyecto, está la creación de la Oficina de Servicios al Ciudadano que “promueve la transparencia y conceder acceso a los ciudadanos a la documentación y proceso de la JCA”. A esto se le une el establecimiento de un sistema mecanizado de las solicitudes y expedición de permisos en la JCA.

Para reforzar su deber de fiscalizar y velar por la mejor protección del ambiente, el proyecto crea la división de Protección y Cumplimiento Ambiental que comprenderá un esfuerzo conjunto con la JCA, la Policía, el Departamento de Justicia y el DRNA a los fines e llevar a cabo inspecciones y auditorías ambientales, expedir boletos o multas durante las inspecciones, esto para promover el cumplimiento ambiental continuo.

No obstante, tanto el DRNA, como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, presentaron sus objeciones a la medida, ya que transfiere poderes a la JCA, que por designación federal es de la competencia de ambas agencias.

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