El nuevo proyecto de ley de gastos del Congreso repone más de $1,500 millones de dólares en asistencia militar y económica que fueron en gran parte suprimidos a Egipto tras el golpe de estado que depuso el año pasado al presidente Mohamed Morsi.
La legislación condiciona la ayuda a que el gobierno egipcio dé pasos para restaurar la democracia en el país, y los fondos serían liberados si el secretario de Estado certifica además al Congreso que Egipto mantiene su relación estratégica con Estados Unidos.
Para la entrega de los fondos—$1,300 millones en ayuda militar y $250 millones en asistencia económica—el jefe de la diplomacia estadounidense también debe confirmar que Egipto cumple con las obligaciones estipuladas en el tratado de paz con Israel de 1979.
De acuerdo con el senador Patrick Leahy, “si los militares egipcios prosiguen sus tácticas represivas arrestando a activistas democráticos y no llevan a cabo elecciones libres (…) la ayuda de Estados Unidos será suspendida”.
La restauración de la ayuda a Egipto tiene sus simpatizantes y también sus detractores entre los legisladores, pero la Casa Blanca se ha cuidado de no calificar de golpe de estado la destitución de Morsi.
Según los partidarios de Morsi, su salida del poder fue resultado de un golpe que dio marcha atrás a lo que el país avanzó tras la revuelta popular que derrocó al presidente Hosni Mubarak en 2011.
El ejército egipcio sostiene que la destitución de Morsi por los militares obedeció a la voluntad popular y que por lo tanto no puede ser considerado un golpe de estado.
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