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AEE presenta objeciones a plan senatorial de Alivio Energético

El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Juan Alicea Flores, participó hoy de la vista pública sobre el Proyecto del Senado 837 que persigue la creación de una Comisión Reguladora y Fiscalizadora de Energía Eléctrica de Puerto Rico.

Alicea Flores reconoció que es vital una transformación profunda en la estructura operacional de la AEE que permita optimizar su capacidad y establecer planes a corto, mediano y largo plazo. Aseguró que la selección del modelo energético que le conviene a Puerto Rico tiene que ser una decisión de país. A esto añadió, que este tipo de discusión pública permite el intercambio de ideas y que la Orden Ejecutiva 39-2013, que creó el Consejo de Autonomía Energética, recoge el consenso necesario para delinear la política pública energética de Puerto Rico.

“Como parte importante de la industria de Puerto Rico, estamos decididos a promover los cambios que se requieren, no solo en la industria, sino también en la manera en que se conducen actualmente nuestras operaciones”, destacó el titular.

Sobre la exposición de motivos que plantea el proyecto, Alicea Flores rechazó que la AEE altere, ajuste o autorregule arbitrariamente las tarifas mensuales de sus clientes. En cambio, aclaró que actualmente la AEE se rige por las disposiciones de las leyes aplicables para modificar la estructura tarifaria y que entre sus requisitos está la celebración de vistas públicas. Además, recordó que la Legislatura tiene injerencia en los procesos que conlleven un cambio tarifario.

Al respecto, reconoció estar de acuerdo en que se le reconozca a la propuesta Comisión Reguladora y Fiscalizadora de Energía Eléctrica la facultad de revisar las tarifas según se dispone en el Artículo 5 de la Ley 21. Sin embargo, añadió que la medida senatorial no establece los criterios que tomará en consideración o bajo los cuales dicha Comisión realizará una revisión tarifaria y los controles que tomará para evitar cualquier irregularidad o acto fraudulento.

Por otra parte, el funcionario especificó que las propuestas a presentarse deben atender los aspectos económicos importantes que puedan afectarse como resultado de los cambios y que es indispensable que no se altere la capacidad que tiene la AEE para cumplir con los compromisos económicos contraídos. “Nuestra autonomía de decisión le brinda a las firmas acreditadoras la certeza y seguridad necesaria para otorgar una clasificación de crédito de calidad y crear un clima de confianza entre los inversionistas. Cualquier cambio tendría que garantizar el pago de la deuda”, explicó.

Sobre el inciso que pretende derogar el ajuste por energía y el ajuste por compra de combustible que la AEE cobra a sus clientes, el funcionario aclaró que dicha disposición tarifaria permite cubrir los gastos variables significativos de la corporación pública. “La eliminación del ajuste por combustible es nuestra meta, todos tenemos que aspirar a eso, pero primero tiene que alcanzarse una diversificación de combustible en la cartera de generación y una estabilidad en el costo de energía. De lo contrario, habría que hacer especulaciones y cambios significativos en la factura”, explicó.

Durante su ponencia, Alicea Flores también destacó que las medidas propuestas en el proyecto no garantizarían una reducción de costos. Comentó que la apertura a la libre competencia no es sinónimo de reducción en los costos energéticos e incluso que en el mercado de energía de Estados Unidos, la privatización de la generación y los resultados de la apertura a la libre competencia no fueron los esperados. Sobre esto, precisó que de los 23 estados que adoptaron leyes para reestructurar el mercado energético, siete han solicitado revertir dicho proceso para contrarrestar los efectos negativos.

Sobre algunos de los poderes y deberes de la Comisión que propone el proyecto, el titular entiende que son muy amplios y exceden las actuales facultades de la AEE. “Esto plantea la posibilidad de que dicha Comisión se convierta en otra agencia gubernamental, que al amparo de las facultades que se establecen, represente un costo adicional y cree una duplicidad de funciones con el actual personal de la Autoridad e incluso con su Junta de Gobierno”, manifestó el funcionario.

Alicea Flores añadió que la actual Junta de Gobierno de la AEE, reorganizada recientemente mediante la aprobación de la Ley 29-2013, representa el interés público y está alineada con la política pública del Gobierno de Puerto Rico. Lo que significa que la misma pudiera llevar a cabo las funciones que se les otorgaría a los miembros de la Comisión que se plantea crear para fiscalizar a la corporación pública.

“Mi compromiso con el pueblo de Puerto Rico es lograr esta transformación a través de la aprobación de una política energética de consenso. La misma debe trascender la perspectiva política y concentrarse en los cambios profundos que necesitamos como país. No se trata de la entidad de la Autoridad, se trata de la industria eléctrica de Puerto Rico”, concluyó.

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