‘Asamblea Legislativa usurpó autonomía municipal de Ponce’

El representante ponceño por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Luis “Tato” León , acusó a la Asamblea Legislativa de usurpar la autonomía municipal al aprobar el proyecto de ley que despoja a la ciudad del control de su puerto municipal.

León se unió al reclamo de que el puerto de Ponce se mantenga en control de los ponceños, mientras, arremetió contra los cambios propuestos en la reestructuración de la junta de directores de la Autoridad del Puerto de Ponce, con el único propósito de de supeditar la participación de la alcaldesa María “Mayita” Meléndez (PNP).

El legislador nativo de Ponce, radicó un Voto Explicativo en contra del Proyecto de la Cámara 1419 el cual enmienda los Artículos 2,3,5 y 7 de la Ley Número 240 del 2011, conocida como “Ley de la Autoridad del Puerto de Ponce”, conocida como la “Solución Ponceña”.

Sostuvo, que la ley le faculta a radicar el escrito luego de pasados 10 días de la votación en la Cámara de Representantes.

“Nosotros le votamos en contra a este proyecto de ley porque atenta contra la autonomía municipal y arrebata a los ponceños el control de su puerto municipal. Es falso que se hayan adoptado todas y cada una de las enmiendas que sometimos al proyecto aprobado en cámara y senado”, dijo León.

“El Proyecto de la Cámara 1419, priva a la ciudad de Ponce de un debido proceso de ley, de una justa compensación y representa una intromisión indebida de la Rama Legislativa en asuntos de la Rama Ejecutiva. Si dicho proyecto se convierte en Ley, afectaría las arcas de nuestra ciudad, toda vez que sufriría una pérdida inmediata de ingresos y un menoscabo en el potencial de generar ingresos, privando al ayuntamiento Ponceño de los frutos civiles del Puerto de Ponce”, añadió.

Recordó, que, el puerto de Ponce fue habilitado, en el 1804, convirtiéndose en poco tiempo, en uno de los puertos más importante de Puerto Rico. El 23 de mayo de 1907, el extinto Consejo Ejecutivo de Puerto Rico, cuyo sucesor es la Comisión de Servicio Público, le otorgó una franquicia o permiso revocable, sucesivo a la Compañía de Embarcaderos de Ponce, para que operara en la Bahía de Ponce, en el lugar conocido como Punta Peñoncillo, un muelle público.

Mientras, el extinto Consejo Ejecutivo de Puerto Rico, aprobó la Ordenanza O-258, serie de 1911, firmada por el gobernador el 7 de diciembre de 1911, en adelante Franquicia de 1911, con la aprobación del gobierno de los Estados Unidos de América. En dicha ordenanza, se le revocó la franquicia a la Compañía de Embarcaderos de Ponce, y en su lugar, se le concedió al Municipio de Ponce.

“Aunque la franquicia fue otorgada en virtud de un permiso revocable, según la Sección 8 de la Franquicia de 1911, la duración de la franquicia a favor del Municipio de Ponce fue a perpetuidad. Ahora, existe una creencia errada, de que todo el Puerto de Ponce con sus ocho (8) muelles, están ubicados en los terrenos que fueron dados en la Franquicia de 1911. Nada más lejos de la verdad. La Sección 1 de la franquicia antes indicada, claramente establece, que el permiso que se le otorgó al Municipio de Ponce para construir, operar y mantener en la Bahía de Ponce un muelle público, se limitaba a una pequeña porción en la orilla del mar, la cual no podía exceder de 160 pies de ancho y específicamente en un lugar llamado Punto Peñoncillo”, señaló el legislador novoprogresista.

“El P de la C 1419, representa una acción legislativa ilegal e inconstitucional, descapitalizaría al Municipio, quitándole más de $500 millones de sus activos, acto que lesionaría gravemente su colateral inmobiliaria y su margen prestatario. El Municipio de Ponce, pierde su Franquicia en manos de un cuerpo legislativo, donde no hay derecho a presentar prueba, donde no hay jueces administrativos ni oficiales examinadores imparciales como lo mandata la ley. El PC-1419, hace caso omiso de la separación de poderes que dictamina nuestra Constitución. En definitivas, la presente pieza legislativa, es un burdo intento de la Rama Legislativa, de apropiarse de un activo de un Municipio, sin mediar compensación o debido proceso de Ley de clase alguna”, aseveró.

Sostuvo, que, aunque la Asamblea Legislativa puede enmendar o revocar la Ley que creó la Comisión de Servicio Público e incluso podría reorganizarla, no es menos cierto, que no puede abrogarse, las atribuciones ejecutivas de la misma, pues estaría violentando el principio de separación de poderes.

El Puerto las Américas Rafael Cordero Santiago obtuvo mediante crédito con el Banco Gubernamental de Fomento, la cantidad de $250 millones de dólares para el desarrollo de la infraestructura portuaria y la compra de las grúas necesarias para operar el puerto. Como cuestión de hecho, dicha corporación (APA), era una mera estructura corporativa, pues el puerto estaba en manos del Municipio de Ponce.

“Estoy seguro, que ninguno de los alcaldes, aplaudiría que la Asamblea Legislativa le expropiara o le quitara la franquicia o los terrenos del Puerto a Ponce, sin que antes mediara una justa compensación a la ciudad. Mi voto explicativo es uno de apoyo a la Alcaldesa de Ponce, María E. Meléndez Altieri, Ahora, las personas que en un pasado estuvieron en contra de la Solución Ponceña, ahora cambian su postura, a cambio de que la alcaldesa de Ponce, salga de la Junta y se le permita al gobernador Alejandro García Padilla, nombrar la mayoría de los miembros en la Junta de Directores de la Autoridad del Puerto de Ponce”, declaró León.

“Entendemos, que la ausencia del debido proceso de ley, la ausencia de justa compensación y el menoscabo de las obligaciones contractuales, así como la usurpación que hizo la Asamblea Legislativa de las prerrogativas ejecutivas de la Comisión de Servicio Público, son elementos constitucionales que vician el Proyecto de la Cámara 1419, hiriéndolo de muerte; toda vez que no aguantaría un serio escrutinio judicial”, concluyó.