Hacienda intensifica esfuerzos contra la evasión contributiva

La Secretaria del Departamento de Hacienda (DH), Melba Acosta, anunció hoy el referido al Departamento de Justicia de tres casos por evasión contributiva contra corporaciones por la apropiación ilegal de más de $3.6 millones de dólares en fondos públicos; el inicio de una campaña en los medios contra la evasión del Impuesto de Ventas y Uso (IVU); y la contratación de personal adicional para propósitos de fiscalización, medidas que forman parte de un plan integral para continuar fortaleciendo la labor fiscalizadora de la agencia.

“Estamos atajando la evasión contributiva desde múltiples ángulos: impulsando legislación para agilizar las gestiones de fiscalización de Hacienda; fortaleciendo cada vez más el brazo fiscalizador de Hacienda; reclutando más inspectores, agentes y nuevo personal especializado; llevando a cabo operativos enfocados en los comercios que evaden el pago de IVU; investigando y refiriendo casos al Departamento de Justicia; colaborando e intercambiando información con las autoridades federales; y concientizando a los deudores sobre su responsabilidades y orientándolos sobre las penalidades que pudieran aplicarles de no cumplir con sus obligaciones bajo el Código de Rentas Internas”, dijo Acosta.

Acosta indicó que los delitos cometidos por los contribuyentes corporativos referidos a Justicia, que incluyen violaciones al Código de Rentas Internas, consistieron en la evasión al pago del Impuesto de Ventas y Uso (IVU), la retención de contribuciones patronales sobre salarios sin remitir a Hacienda y la no radicación de Planillas de Contribución Sobre Ingresos, aun cuando el contribuyente devengó ingresos tributables.

“Una de las corporaciones referida a Justicia, se dedica a la operación de establecimientos de comida rápida en los principales centros comerciales del país. Otra corporación se dedica a las ventas al detal en Plaza Las Américas. Estos son los primeros casos referidos de 200 notificaciones que hizo Hacienda en el mes de junio a los deudores más grandes de IVU y de retención de contribuciones patronales sobre salarios. El resto de las investigaciones permanecen abiertas. Mientras, el tercer contribuyente referido es una corporación que ofrece servicios de seguridad, y la cuál no radicó ciertas planillas de contribución sobre ingresos aun cuando devengó ingreso tributable.”, dijo Acosta.

Sobre el caso de la operadora de restaurantes de comida rápida, la investigación de Hacienda reflejó que los oficiales de la corporación incurrieron en delitos contributivos entre el 2008 al 2012, cuando radicaron las Planillas del IVU y las Planillas Trimestrales de Patronal, sin remitir al Departamento de Hacienda el dinero retenido. De la investigación preliminar surgió que esta corporación radicó en Hacienda una cantidad de Planillas de IVU y planillas Patronales. Al verificar la información, se detectó que esa corporación debió radicar más planillas de IVU de las que radicaron y también violaron la ley al no cumplir con los pagos completos. Con las planillas patronales ocurrió algo similar, radicaron menos de lo que les correspondía. Mediante esta actividad ilegal, el Departamento de Hacienda dejó de recibir por lo menos la cantidad de $1,137,580.57 en contribuciones retenidas sobre salarios, que su vez constituyen fondos públicos apropiados ilegalmente por dicho contribuyente. Algo parecido ocurrió con la tienda de venta al detal.

Por otra parte, la Secretaria presentó una campaña de medios dirigida a comerciantes para atajar la evasión del IVU. La misma comenzará mañana jueves, 14 de noviembre y tendrá exposición en radio, prensa escrita, televisión y medios digitales. El esfuerzo resalta las diferentes modalidades de evasión del IVU y las consecuencias, civiles y criminales que conllevan dicha conducta para los evasores contributivos.

La funcionaria especificó que además de cualquier acción civil, es decir imposición de multas, penalidades e intereses, no cobrar el IVU o cobrarlo y no remitirlo a Hacienda, constituye un delito de apropiación ilegal agravada (por tratarse de fondos públicos), siempre que se pueda probar que el incumplimiento fue voluntario, y con la intención de evadir o derrotar el pago de contribuciones. La pena por dicho delito es de hasta 5 años de cárcel, por cada uno de los delitos imputados (1 delito por cada incumplimiento). Además, si la persona no radica las planillas del IVU estaría cometiendo el delito dispuesto en la Sección 6030.11 (Penalidad por Dejar de Rendir Planilla o Declaración). Igualmente, la pena por este delito es de un máximo de 5 años de reclusión por cada delito (1 delito por cada planilla mensual). Por último,si radica las planillas mensuales con información falsa o incorrecta con el propósito de evadir o derrotar el pago de contribuciones incurriría en el delito dispuesto en la Sección 6030.16 del Código (Penalidad por Presentar Planillas, Declaraciones, Declaraciones Juradas y Reclamaciones Fraudulentas), siendo la pena por este delito de un máximo de 5 años de reclusión por cada delito (1 delito por cada planilla mensual falsa y fraudulenta).

Acosta explicó que la campaña será complementada con diferentes iniciativas, tanto administrativas como legislativas para redoblar los esfuerzos y aumentar la captación y reducir la evasión en el pago del IVU. Estas medidas incluyen un programa de reclutamiento intensivo, que comenzó el pasado mes de agosto con el fin de fortalecer todo los esfuerzos de fiscalización. Para el próximo 31 de diciembre 2013, ya estarán reclutados un total de 188 empleados especializados.

En agosto se reclutaron 62 Auditores para el Negociado de Impuesto al Consumo y Auditoría Fiscal. Este mes de noviembre se sumaron 17 Agentes de Rentas Internas al Negociado de Impuesto al Consumo. Para el 1ro de diciembre se contratarán 73 agentes de Rentas Internas adicionales para el Negociado del Impuesto al Consumo, algunos de los cuales serán asignados a la nueva encomienda de Hacienda de cobrar el uso en los muelles efectivo en diciembre del 2013. En diciembre también se reclutarán 17 Agentes Especial Fiscal, para la Secretaría Auxiliar de Delitos Contributivos y otros 19 Auditores en Contribuciones para Auditoría Fiscal. En enero de 2014 se completarán los reclutamientos de 7 Agentes Especiales Fiscal para trabajar en Delitos Contributivos en los distritos de Ponce y Mayagüez.

Las medidas de fiscalización también incluyen nuevas auditorías enfocadas en los cambios de la Ley 40, entre ellos lo referente a la eliminación del certificado de revendedor, las implicaciones de varias exenciones bajo el concepto de “Business to Business (B2B); envío de cartas de cobro y posibles acciones civiles a compañías que hicieron planes de pago bajo la amnistía y luego dejaron de remitir los pagos. “Nos estamos reuniendo con representantes de las entidades que más se impactaron con los cambios en la exenciones del cobro de IVU entre negocios (B2B) para asegurarnos que han entendido bien los cambios y que los están implementando correctamente”, agregó.

La Secretaria enfatizó que el DH está apoyando medidas legislativas que incluyen, entre otros, requerimientos de información adicional a ciertos contribuyentes y la autorización en ley para que el Hacienda publique información de deudores morosos, sujeto a estrictos requisitos de cualificación, validación y notificación previa, que garanticen el debido proceso de ley, tal como se hace en varios estados de los Estados Unidos, entre ellos California, Colorado, Georgia, Louisiana, Connecticut, Washington, Kentucky.