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Discuten creación de protocolo uniforme para atender casos de abuso sexual infantil

“Hoy se hace historia al hacer justicia a los niñas y niños que sufren abuso sexual a diario en nuestro país, en el silencio de sus hogares, a manos de los personas que debieran protegerlo”. Con esta expresión la catedrática del Departamento de Pediatría del Recinto de Ciencias Médicas, pediatra y especialista en maltrato de niños Brenda Mirabal, ofreció su apoyo al Proyecto de la Cámara 1525 que establece un protocolo uniforme en la prestación de servicios a niñas y niños víctimas de abuso sexual. Vea las fotos

Esta medida, es parte de los frutos que rindió el task force contra el maltrato y el abuso sexual infantil que inició el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló (PPD) a principios de año. Este grupo de trabajo también diseño la campaña educativa “Habla por ellos” cuyo fin es lograr que se denuncien los casos de maltrato.

La doctora Mirabal recomendó que para establecer los Centros de Servicios Integrados se deben tomar como base el proyecto demostrativo que existe. Dio como ejemplo el Centro Integrado para Niños y Niñas (CINN) en Carolina en 2002, desarrollado por el equipo profesional del Programa Biosicosocial del Recinto de Ciencias de Ciencias Médicas, que fue liderado por la deponente y que la pasada administración cerró, “dejando una población vulnerable sin servicios especializados accesibles en su comunidad”.

Recomendó que esta iniciativa sea iniciada en el Programa Biosicosocial del Recinto de Ciencias Médicas “por tener una experiencia de 27 años trabajando con niños víctimas de abuso y haber desarrollado los dos CINN, con el auspicio del Departamento de la Familia”. Enfatizó que tratar a la víctima en su momento de crisis y no años después, le garantiza que se eviten males tales como el consumo de drogas, la depresión y problemas de índole mental.

Entretanto el presidente de la Cámara de Representantes, y autor principal de la medida, enfatizó ante las recomendaciones de Mirabal su compromiso de “rescatar a nuestros niños y niñas víctimas de maltrato y abuso sexual infantil”. “Esta es una responsabilidad social que estamos asumiendo. Hemos establecido que hay proyectos de país que deben trascender las administraciones gubernamentales; este sin lugar a dudas es uno de ellos”, puntualizó el líder cameral.

Igualmente, el presidente cameral afirmó que “tenemos un compromiso de identificar los $300,000 dólares necesarios para establecer el primer centro antes de que finalice el año. Igualmente, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para identificar los fondos para poner en función los centros que hacen falta para servicios en todo el país. Sin importar quien gobierne queremos que estos centros operan en beneficio de nuestra niñez”.

Mientras, que la presidenta de la Comisión cameral de Bienestar Social y para la Erradicación de la Pobreza, Luisa “Piti” Gándara (PPD), aseguró que con el inicio de estas vistas públicas, “ponemos la acción, en donde hemos puesto la palabra que es la atención urgente de mejorar radicalmente los servicios que ofrecemos a los menores abusados”.

Por su parte, doctora Rebecca Ward, en representación del Departamento de Salud, y del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV) apoyó esta medida ya que la creación de estos centros “es un paso de avanzada al retomar el componente de política pública integrada y la necesidad de capacitación de los profesionales constituye una gran aportación al campo de prevención al campo de prevención e intervención con la violencia sexual en el país”.

Estos lugares o centros deben diseñarse para crear una sensación de bienestar, protección y seguridad a los niños, de manera que se sientan menos intimidados que en otra localidad investigativa, como lo sería un cuartel de la policía o una agencia gubernamental. Estos centros deben proveer servicios de intervención, pero deben compartir el fin último de lidiar con los efectos adversos de la agresión sexual, a fin de procurar la más pronta estabilidad física y emocional del menor.

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