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Carmelo Ríos denuncia encubrimiento en Autoridad de Edificios Públicos

El portavoz alterno de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Carmelo Ríos, reveló hoy nuevas irregularidades en lo que catalogó como “la saga” de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).

Ríos acusó al Director Ejecutivo de la AEP, Gil Rodríguez Ramos, de participar de una conspiración para encubrir potenciales delitos cometidos en dicha agencia gubernamental.

“Hemos estando denunciando escandalosos actos ilegales cometidos por el Director y el Subdirector Ejecutivo de la AEP, los licenciados Gil Rodríguez Ramos e Iván Toledo Colón. Dichos actos, se derivan de un extenso informe sometido por la ex directora de asuntos legales de esa corporación pública, y quien fuera despedida por el Director Ejecutivo, en represalia a no querer prestarse al encubrimiento de sus ilegalidades, en abierta violación a la ley 426 de 2000 Ley para la protección de los derechos de empleados y funcionarios denunciantes, querellantes o testigos de alegados actos constitutivos de corrupción, comúnmente conocida como la Ley del ‘whistleblower’.

“Establecimos además, que dicho informe obra en las manos de la Junta de Gobierno desde el 11 de septiembre, y que su Presidente, el ingeniero José Encarnación, peligrosamente estaba entrando en conducta sospechosa, al actuar con ligereza sobre las ilegalidades allí denunciadas.

“Ahora nos ha llegado información adicional relacionada con este escándalo y el trámite sospechoso del proceso de auditorías internas correspondiente a las denuncias de la ex directora de asuntos legales, la licenciada Lisa Durán, quien además era la Secretaria de la Junta de Gobierno de la AEP.

“Originalmente, al advenir las denuncias de la licenciada Durán, la Junta de Gobierno refiere una querella a la Oficina de Auditoría Interna, en una orden directa a la señora Charmaine Santos Vega, directora de auditoría interna, sobre un contrato de artes gráficas, por la cantidad de $33,000, para la realización del logo del 55 aniversario de la agencia, otorgado ilegalmente por el director ejecutivo Lcdo. Gil A Rodríguez Ramos y el subdirector ejecutivo, Lcdo. Iván Toledo.

Luego, la directora de auditoría le asigna la querella a la auditora (omitimos el nombre para protegerla), a la vez que le indica a esta que se inhibía de la misma sin dar razones. Tal inhibición de la Directora de Auditoría de AEP no es procedente, dado el caso, que ella le responde a la Junta de Gobierno por conducto de su comité de auditoría.

La directora de auditoría, Charmaine Santos Vega, le indica a la auditora designada para esta querella, que quien le va a supervisar en la misma es el Sr. José G. Collazo, Director Auxiliar de la Oficina de Auditoria Interna. Ellos (Vázquez y Collazo) realizaron varias entrevistas contundentes y recopilaron valiosa información y evidencia. Santos Vega aunque estaba inhibida, intervino en varias ocasiones en la investigación y le imputa una querella en la Oficina de Relaciones Labores en contra la auditora Jennifer Vázquez. Querella que nunca se ha investigado.

“Esto lo hizo con el propósito de quitarle la auditoria a Vázquez y al Director auxiliar Collazo. Posteriormente, le asigna la auditoria a un segundo auditor quien la culmina. Este auditor somete un contundente informe a la Junta de Gobierno, en reunión celebrada el martes pasado.

“Por su parte, el Director Ejecutivo Rodríguez Ramos, como defensa ante tan contundente informe levanta el subterfugio de que no se siguió el debido proceso de auditoría y sorpresivamente e inexplicablemente, el presidente de la Junta de Gobierno, el ingeniero José Izquierdo Encarnación, por conducto del director ejecutivo, le envía una carta al auditor solicitando que este le entregue el expediente completo de la auditoría a Charmaine Santos Vega, para que sea esta quien evalúe si la auditoría se realizó siguiendo los procedimientos de auditoría, en un abierto conflicto de intereses.

“Lo anterior viola las normas de auditorías generalmente aceptadas, dado que Santos Vega está oficialmente inhibida, y es a ella, a quien precisamente la Junta de Gobierno se le designa evaluar el informe aún habiendo en ese informe un señalamiento y comentario especial sobre su conducta anti ética e ilegal por sus intervenciones indebidas en la misma.

“A medida que se indaga sobre los manejos en la AEP se revela un contínuo patrón de encubrimiento, sobre potenciales actos de corrupción y conflictos éticos, que raya en la conspiración para encubrir delitos, lo cual de por sí es un delito penable.

“La Junta de Gobierno ha perdido toda capacidad moral y legal, para ejercer su autoridad como ente fiduciario de la AEP. Sus actos así lo evidencia.

“Es por ello, que reiteramos nuestro llamado a la Secretaria de la Gobernación a que atienda este asunto con urgencia, dado el grado de las imputaciones públicas sobre lo acontecido en la AEP.

“Asimismo, hacemos un llamado a las autoridades pertinentes a que se den por enteradas y tomar acción pertinente con igual sentido de urgencia.”, expresó el senador Ríos Santiago.

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