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Cámara Recibe Voluminoso Informe Sobre Irregularidades en Comunidades Especiales

La Cámara de Representantes recibió hoy un voluminoso segundo informe parcial en torno a irregularidades en el programa de Comunidades Especiales.

El informe presentado por el presidente de la Comisión de Asuntos de Familia y Comunidades, Eric Alfaro Calero y el representante José Chico Vega, recomienda al Gobernador ordenar a los secretarios de la Vivienda y de Transportación y Obras Públicas, así como el coordinador de la Oficina de Comunidades especiales concluir las obras pendientes, existentes en el Municipio de Camuy (RC 341).

A su vez, recomienda al Secretario de Justicia, realizar una investigación exhaustiva brindando particular atención a las actuaciones u omisiones de las excoordinadoras de la Oficina de las Comunidades Especiales, Linda Colón y Julia Torres; la exdirectora del Fideicomiso Perpetuo, Madeleine Cajigas, y los contratistas Antonio Valentín y Juan Sonera.

La Investigación deberá estar enmarcada dentro del contexto de las posibles violaciones: enriquecimiento ilícito, intervención indebida en operaciones gubernamentales, influencia indebida, omisión en el cumplimiento del deber, negligencia en el cumplimiento del deber y malversación de fondos públicos.

También ordena a la oficina del Panel del Fiscal Independiente (FEI), revisar los hallazgos relacionados a Linda Colón y Julia Torres, y a la Contralor revisar los hallazgos del informe y tomar las medidas correspondientes.

De igual manera, el informe sostiene que la Dra. Linda Colón, como coordinadora de la Oficina de Comunidades Especiales fue negligente y no veló por los mejores intereses de la Comunidad Barrio Puertos del Municipio de Camuy, ni por el mejor uso de los fondos públicos provenientes del Programa de Comunidades Especiales, al alegadamente permitir que un candidato político del Partido Popular Democrático escogiera la localización y las obras a realizarse en esa Comunidad, sin consultar con el Municipio ni los residentes.

El escrito también indica que Julia Torres de Vargas, como coordinadora de la Oficina de Comunidades Especiales fue negligente y no veló por los mejores intereses de la Comunidad Barrio Puertos del Municipio de Camuy, ni por el mejor uso de los fondos públicos provenientes de dicho, programa al permitir, a sabiendas que se compraran unos terrenos para la construcción de un parque de pelota, cuando los mismos no eran aptos para ese tipo de proyecto, por alegadamente complacer a un candidato político del Partido Popular y sobre todo al haber sido advertida por el Municipio de la inviabilidad del terreno antes de su compra.

Asimismo, menciona al contratista Antonio Valentín, que tuvo la intención de llevarse la subasta para la construcción del parque de pelota en la Comunidad Barrio Puertos del Municipio de Camuy.

De acuerdo el informe, Valentín sometió una cotización por $550,000 dólares, muy por debajo del precio que sometieron las demás licitadoras, a sabiendas que el costo para llevar a cabo las obra estaba muy por encima de eso, y al comenzar la obra solicitó unos $600,000 dólares adicionales para completar la misma.

El contratista, también incurrió en violación de las leyes y reglamentos aplicables al no solicitar los permisos pertinentes para llevar a cabo un movimiento de terreno, que a su vez ocasionó que el Departamento de Recursos Naturales paralizara la obra, de acuerdo al informe.

“Antonio Valentín incurrió en el delito de perjurio, al dar varias versiones diferentes e incompatibles de cómo fue que fijó el precio para someter la cotización que resultó en su obtención de la subasta para la construcción del parque de pelota de la Comunidad Barrio Puertos, así como las razones para la no terminación de la construcción del mismo”, concluye el informe.

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