La Cámara de Representantes aprobó hoy un proyecto de administración para establecer la “Ley Anti-Discrimen Comercial”, a fin de declarar como política pública del Gobierno de Puerto Rico la protección de los consumidores sobre prácticas discriminatorias de empresas de los 50 estados de la Nación que hacen negocios en la isla (P. de la C. 3658).
La pieza que dispone que el Gobierno de Puerto Rico no hará negocios con empresas que discriminen con los consumidores puertorriqueños y faculta al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), a establecer la “Oficina de Anti-Discrimen Comercial”, contó con 46 votos a favor, un voto en contra.
La legislación pretende que se frene la discriminación que por años han mantenido algunas compañías de los Estados Unidos. Éstas se niegan a ofrecer a los que residen en Puerto Rico, los mismos bienes y servicios que al resto de los conciudadanos de la Nación.
También, hay compañías que ofrecen sus bienes y servicios a los clientes de Puerto Rico, pero a precios más altos o con menos garantías que a los clientes de los 50 estados de la Unión.
La medida consigna que “el trato discriminatorio a los consumidores en Puerto Rico no es cónsono con las garantías y salvaguardas que se han reconocido a consumidores en los estados, a tenor con el ordenamiento jurídico federal”.
El proyecto ordena a las agencias gubernamentales no hacer negocios con aquellas empresas que discriminan con los consumidores residentes en Puerto Rico. El propósito de esta penalidad es evitar que las contribuciones de los puertorriqueños sean utilizadas para financiar las operaciones de compañías que en el curso de sus negocios discriminan contra nuestros residentes.
De igual modo, faculta a DACO a recibir e investigar querellas sometidas por los consumidores puertorriqueños, a ponerse en contacto con la compañía querellada y ofrecerle la orientación necesaria para que enmiende su política discriminatoria de manera que se vayan erradicando esas prácticas; y a comparecer por y en representación de los consumidores ante cualquier tribunal, junta o comisión, entre otros.
Asimismo, se refrendó un proyecto que faculta al Departamento de Transportación y Obras Pública a gravar las multas expedidas por aquellas compañías privadas autorizadas por ordenanzas municipales, así como a las empresas municipales o empleados municipales autorizadas por los ayuntamientos, conforme a las disposiciones de la Ley de Tránsito, a fin de atemperarla con la Ley de Municipios Autónomos (P. de la C. 3699).
La medida que también dispone para el envío y la auditoría de las remesas que por ese concepto corresponden a los municipios obtuvo 46 votos a favor, un voto en contra.
La iniciativa del representante José “Pichy” Torres Zamora, es que se permita que los municipios tengan mayores recursos para la implementación de las medidas y la reglamentación del estacionamiento de vehículos. Además, para que haya una eficaz colaboración de la Policía de Puerto Rico, la Policía Municipal y entidades privadas que el municipio designe y se hagan cumplir las normas sobre estacionamiento de vehículos.
La legislación fue avalada por las organizaciones que representan a los alcaldes azules y rojos. Mientras, el informe que acompaña a pieza consigna que “la aprobación es necesaria”.
“Actualmente, se le dificulta a los municipios el poder cobrar estas multas, ya que no cuentan con un mecanismo que les provea o faculte para gravar las mismas en las licencias de los vehículos de motor, convirtiendo la multa en incobrable, y a su vez fomentando la desobediencia de dichas ordenanzas”, agregó el informe sometido por la Comisión de Transportación e Infraestructura.
En otro asunto, se refrendó por unanimidad un proyecto de administración que establece el Programa Piloto de Hogar Médico, adscrito al Departamento de Salud (P. del S. 1208).
Se destaca que ese modelo de servicios ha tenido éxito en diversas jurisdicciones de los Estados Unidos, debido a que intenta proporcionar a nuestros niños una experiencia médica perfecta. Además, incrementa un uso adecuado de los servicios médicos primarios, a la vez que reduce el uso inadecuado de las salas de emergencia para los servicios primarios que no requieren atención inmediata.
“Los beneficios incluyen el fomento de una relación estrecha entre la familia y el médico principal de su hijo y las conexiones de apoyo y servicios para cubrir las necesidades del niño y la familia para cada etapa de crecimiento y desarrollo. También, incluye el acceso a consultas médicas para su hijo después de horas hábiles y en fines de semana, por lo que las familias se sienten apoyadas para atender las necesidades especiales de salud de su hijo”, plantea la Exposición de Motivos de la medida.
En otro asunto, se aprobó un proyecto que dispone que todo profesional de la salud, sujeto a los requisitos y limitaciones que se dispongan por reglamentación, tome compulsoriamente cursos de educación continuada sobre las disposiciones de la “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”, (P. del S. 1379).
Asimismo, se avaló la con 39 votos a favor y ocho votos en contra, la legislación que enmienda la “Ley de Municipios Autónomos”, para incluir una Oficina Municipal de Iniciativa de Base de Fe y Comunitaria, entre las unidades administrativas y como parte de la estructura organizacional de cada municipio, a fin de fortalecer las comunidades en los ámbitos económicos, espiritual y humano (P. del S. 2423).
A su vez, se refrendó con 30 votos a favor y 17 votos en contra, un proyecto que enmienda la “Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes de Automóviles”, para enmendar la utilización y término de la cuenta de ahorro por parte de la Comisión Industrial (P. del S. 2503).
Con la abstención de la delegación popular se aprobó una resolución que decreta una amnistía de 180 días, a ser emitida por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, para el recibo de solicitudes de concesión para el aprovechamiento de los bienes de dominio público marítimo terrestre por muelles y rampas existentes (R. C. de la C. 1298).
De igual modo, se consintió traspasar al Municipio de Aguada el título de las obras del Parque de Fútbol construido para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2010 (R. C. del S. 712).
Además, se encomendó a la Comisión de Desarrollo de la Industria Turística, realizar un estudio general de la situación actual de la industria del turismo en Puerto Rico, para identificar los problemas que presenta y determinar el orden de prioridad para atender los mismos (R. de la C. 2129).
La Cámara recesó sus trabajos hasta el lunes 4 de junio de 2012, a la 1:00 p.m.
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