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Justicia valida pensión especial a exdirector de la AEE

Exdirector de la AEE, Juan Alicea Flores, continuará recibiendo su pensión especial.

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La Junta de Gobierno de la AEE reiteró en su decisión de eliminar la otorgación de las pensiones especiales de manera prospectiva.

La Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) anunció el jueves que determinó, por voto mayoritario, autorizar la pensión otorgada al exdirector de la corporación pública Juan Alicea Flores al momento de su retiro y no afectar así los derechos adquiridos por Alicea ni por otros jubilados, acorde con la opinión legal emitida por el secretario de Justicia, César Miranda. Igualmente la Junta se reiteró en su decisión de eliminar la otorgación de las pensiones especiales de manera prospectiva.

Continúa luego del siguiente anuncio:

“Ante la decisión emitida por el Departamento de Justicia sobre este particular, responsablemente nuestra Junta de Gobierno ha determinado dar paso a la autorización de la pensión de Alicea Flores y dar por terminado este asunto”, sostuvo el presidente de la Junta, Harry Rodriguez.

En la opinión legal solicitada por la Autoridad al secretario de Justicia se concluye que “las pensiones fueron concedidas al amparo de resoluciones aprobadas por la Junta de Gobierno y conforme a las facultades que la ley les concedió para así hacerlo; añade además que las pensiones especiales concedidas bajo las Resoluciones 2154 y 3655 constituyen un derecho adquirido el cual no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y preferiblemente escrito del respectivo titular; y en los documentos que acompañan su consulta, no surge que en la concesión de las pensiones especiales, la Autoridad haya incurrido en un error de hecho o de derecho que dé base a una acción para reclamar cantidades indebidamente pagadas”, concluye.

Luego de diferencias entre los miembros de la Junta de Gobierno, respecto a la aplicación legal que debe regir el proceso en relación a las pensiones otorgadas y la legalidad de los desembolsos hechos, la Junta había solicitado al Departamento de Justicia una opinión legal a los fines de determinar el proceso a seguir.

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