Evalúan mecanismos para atender menores con problemas de conducta

La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes celebró hoy la primera vista pública para evaluar el Proyecto de la Cámara 1261 que crearía la “Ley de Intervención Temprana a Menores en Riesgo”.

El Presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, Luis Vega Ramos (PPD), informó que se escucharan las ponencias de ASSMCA y del Departamento de la Familia en una vista pública futura.

La medida, de la autoría del representante Luis “Narmito” Ortiz (PPD) sugiere establecer un procedimiento judicial para fijar parámetros de corresponsabilidad de menores que exhiben una conducta execrable, donde serán sometidos a un plan integral de servicios bajo la supervisión rigurosa del Tribunal de Primera Instancia.

El proyecto busca habilitar un proceso no contencioso, donde los padres o custodios de un menor de edad que exhiba conducta anti social, violenta o de adicción puedan solicitar intervención de los tribunales. Aunque el objetivo de la medida fue reconocido por todos los deponentes, tanto el Departamento de Justicia, como la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) y la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) levantaron preocupaciones de índole jurídica.

Depuso a favor del proyecto la psicóloga Maribel Rivera Cotto, Presidenta de Psychological Growth, quien reconoció el esfuerzo dirigido a la intervención de los menores que demuestran faltas y otros comportamientos que van en detrimento de su seguridad física, mental y emocional. Rivera Cotto opinó que es necesaria la elaboración de estrategias concretas bajo el modelo de co-responsabilidad que presenta la pieza legislativa y proporcionarles a los padres los mecanismos apoyados en ley con el fin de lograr la restauración de sus hijos impactando íntegramente a la familia.

Por su parte la OAT levantó reservas a la medida y explicó a través de su ponencia que es el Departamento de la Familia el que provee planes de servicios a menores con problemas de conducta.

“La realidad es que dicho departamento provee planes de servicios en el contexto de casos de maltrato de menores al amparo de la Ley 246-2011, según enmendada, conocida como Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, expresó Lucciana Rechany Escudero, en representación de la Directora Administrativa de los Tribunales, Sonia Ivette Vélez.

Rechany también hizo una relación de los programas que se han estado implantando en Tribunales en tiempos reciente que también le ofrecen servicios a menores con problemas de adicción a drogas. Por otro lado, OAT planteó que la Administración de Instituciones Juveniles provee servicios a los menores bajo su jurisdicción o custodia como parte de un programa de desvío o de la internación del menor en una de sus facilidades.

El Departamento de Justicia expresó su objeción a que se establezca un procedimiento paralelo que duplique los esfuerzos del estado y que a la misma vez limite su capacidad de proteger el bienestar de la comunidad. “Actualmente la Secretaría Auxiliar de Asuntos de Menores y Familia tiene la responsabilidad de implantar la política pública establecida en la Ley 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como Ley de Menores de Puerto Rico. Dicha Ley provee el mecanismo legal para atender los casos extremos mediante la medida de autos, cuando un menor presente conducta execrable que a la misma vez constituye la comisión de una falta”, expresaron Mónica Ribas y la Procuradora, Alma De Pedro Montes .

La Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), explicó que no avala el mecanismo propuesto en el proyecto, pero sí el interés legislativo de buscar alternativas para ayudar a los padres o custodios que enfrentan dificultades mayores con la conducta de sus hijos o menores bajo su cargo. SAL entiende que la medida establece un procedimiento que, en ausencia de comisión de falta, puede conllevar a la privación de libertad de un menor sin garantizarle el debido proceso de ley. Las representantes de SAL sugirieron que se evaluaran “las experiencia de otras jurisdicciones” como California, Florida y la Ciudad de New  York y sus programas de Personas en Necesidad de Supervisión (PINS, por sus siglas en inglés).

El Presidente de la Comisión de lo Jurídico, Luis Vega Ramos (PPD), opinó que la medida abre la discusión en torno a los mecanismos no adversativos que pueden estar disponibles para aquellas familias con un menor a quien ya les resulta imposible disciplinar y que se acerca al precipicio de una vida delictiva. “Vamos a escuchar al Departamento de la Familia y ASSMCA en una próxima vista para luego ver qué recomendaciones finales podemos hacerle a la Cámara en torno a este tema”.