Denuncian irregularidades en nombramientos recientes en el Departamento de Educación

La Senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, denunció como altamente irregular la determinación del Departamento de Educación (DE) de dejar sin efecto los nombramientos transitorios de director escolar en el caso de aquellos empleados que ya han completado los requisitos para la certificación en dirección de escuelas, mientras que se prorrogan los nombramientos de los que aún están tomando los cursos que conducirían a esa certificación.

“Durante los pasados años, ante la ausencia de candidatos con la preparación requerida el DE ha recurrido al “procedimiento especial por urgencia” para reclutar como facilitadores escolares de distrito y directores escolares a personas que no tenían la certificación como tales. En muchos casos, el estado subvencionó los estudios universitarios de estos funcionarios, que luego obtuvieron su certificación; algunos han ocupado sus puestos, en carácter de “transitorios” durante años”, expresó la senadora independentista.

El 26 de marzo de 2014, se emitió una directriz, indicando que los nombramientos transitorios de facilitadores docentes de los distritos escolares y los de directores reclutados por el procedimiento especial de emergencia, no serían prorrogados. Los que interesaran conservar sus puestos irían al proceso ordinario de reclutamiento, “a fin de reclutar el personal idóneo para el servicio público”. El 7 de abril, se enmendó la Carta Circular que regula la selección de directores de escuela, para “reconocer la excelente labor, el compromiso, el esfuerzo y la dedicación de algunos funcionarios”, prorrogando los nombramientos de aquellos reclutados mediante procedimiento especial “que estén matriculados en un programa de estudios universitario dirigido a la obtención de certificado regular de maestros en la especialidad de director de escuelas K-12…”.

“Así, retendrán sus puestos los directores que aun no tienen las credenciales académicas para ocupar su posición, pero se irán los directores y facilitadores que ya están certificados, para competir en el proceso regular. Esta determinación aumenta las suspicacias sobre la motivación de las medidas tomadas en el Departamento. Desplazar a empleados que ya tienen su preparación, pero retener a los que están en vías de obtenerla, no parece obedecer a principios de austeridad o a criterios educativos. Más bien, luce como una estrategia para privilegiar nombramientos recientes. Los procesos seguidos para dirigir la educación pública deben estar sujetos a un escrutinio severo, de tal forma que el país pueda confiar en los criterios que los rigen”, concluyó la Portavoz del PIP en el Senado.