Justicia presenta cargos contra hoteleros por evasión contributiva

Departamento de Justicia radica cargos por evasión contributiva durante los años 2007-2011 contra hoteleros que administraban el San Juan Beach Hotel.

Foto lateral del San Juan Beach Hotel en El Condado.

El secretario del Departamento de Justicia, César Miranda informó que se radicaron cargos por evasión contributiva contra Luis A. Carreras Pérez y Gonzalo Gracia de Miguel, a quienes se les imputa no remitir el pago de impuestos a la Compañía de Turismo, privando a la entidad gubernamental del cobro de sobre medio millón de dólares.

Miranda explicó, que Carreras Pérez, dueño de las corporaciones Global Hotel Management Inc., Premier Hotel Management Inc. y San Juan Resortowners Inc., no remitió el pago de impuestos a Turismo durante los años 2007 al 2011, mientras manejaba el Hotel San Juan Beach.

Por su parte, Gonzalo Gracia de Miguel, dueño de la empresa Boutique Hotel, era accionista de Global Hotel Management, por lo que también fue acusado. Durante varios periodos, comprendidos entre noviembre de 2007 a julio de 2011, estos dejaron de cumplir con el Artículo 20 de la Ley 272 de septiembre del 2003 al no pagar $606,530 dólares por concepto de impuestos a Turismo.

“Mediante la evasión contributiva se priva al fisco de contar con la liquidez necesaria para el desarrollo de obra pública. El dinero público es sagrado y no es opcional que los comerciantes remitan los pagos a Hacienda o a Turismo, como en este caso. Este caso reivindica nuestro compromiso en hacer valer la ley de forma rigurosa”, sentenció Miranda.

Específicamente, la Ley 272 en su artículo 27 (a) estipula que todo hostelero tiene la obligación de recaudar, retener y remitir a la Compañía de Turismo el impuesto sobre el canon de ocupación por ocupación. De no remitir el pago del impuesto en el término correspondiente el estatuto estipula que los acusados, de resultar culpables por apropiación ilegal agravada, podrían cumplir una pena de cárcel de 10 años.

El fiscal Melvin Colón Bonet de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, estuvo encargado de la investigación.