Cámara revierte cambios de la pasada administración a Ley de la UPR

El proyecto deroga la ley que obligaba a que se permitiera el voto electrónico en los organismos estudiantiles.

El representante Luis Vega Ramos (PPD), sostuvo que le medida termina con la “intromisión indebida” del gobierno pasado en los procesos de toma de decisiones del cuerpo estudiantil.

La Cámara de Representantes aprobó hoy con enmiendas el Proyecto de la Cámara 638, proyecto por petición radicado por el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Vega Ramos, que deroga la Ley 128-2010, Ley de la Universidad de Puerto Rico (UPR), con el propósito de revertir modificaciones al alcance del poder de la Universidad de auto-reglamentarse y auto-gobernarse desde las estructuras universitarias.

La Ley 128 del 2010, aprobada por la pasada administración de Gobierno, dispone enmiendas a la Ley de la UPR particularmente en lo que concierne a las secciones orgánicas de sus distintos cuerpos de gobernanza y modifica mediante ley lo que se ha establecido a través de reglamentos por más de medio siglo en la UPR: sus procedimientos democráticos internos. Su resultado fue la modificación de los procedimientos democráticos universitarios, no sólo de asambleas estudiantiles sino también para cada uno de las distintas estructuras de gobierno de la Universidad, desde los Senados académicos hasta la Junta Universitaria.

“Este proyecto es una petición de los propios estudiantes de la UPR para que se revierta la intromisión indebida del gobierno pasado en los procesos de toma de decisiones del cuerpo estudiantil. No le impone condiciones desde afuera a nuestros estudiantes de cómo expresarse y decidir sobre los asuntos universitarios que le competen. La Presidencia de la UPR favorece este proyecto informando que la Ley 128-2010 ha sido ineficaz”, sostuvo Vega Ramos, autor de la medida.

Por su parte, el representante Manuel Natal Albelo (PPD), quien fuera líder estudiantil de la UPR durante el 2010, hizo un recuento de las acciones tomadas por la pasada administración y la Legislatura “en contra de la UPR y sus estudiantes” al tiempo que calificó la aprobación de la medida como “punto final a un intento fallido de lograr mediante la imposición legislativa lo que no lograron con votos estudiantiles”.

Por más de cuatro décadas la ley orgánica de la UPR ha reconocido la necesidad de preservar a capacidad de la comunidad universitarias de reglamentarse en sus propias actividades y la administración de la Universidad lo que llamamos y defendemos de la autonomía universitaria. En 1972 se le devolvió por ley al estudiantado el espacio necesario para que gobiernen sobre aquellos asuntos que le son propios en el entorno universitario. Desde entonces han gozado de una capacidad de autogobierno.