Funcionarios del Gobierno de Puerto Rico y miembros de la industria de la construcción, unieron esfuerzos durante la Vigésima Cumbre de la Construcción para analizar la situación actual del sector y examinar oportunidades de crecimiento para el mismo. Vea las fotos

Desde la izquierda: el presidente de la Asociación de Constructores de Hogares (ACH), Roberto “Tito” Trápaga; Pilarín Ferrer Viscasillas, presidenta del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico; Alejandro García Padilla, Gobernador de Puerto Rico; el presidente de la Asociación de Contratistas Generales de América, Capítulo de Puerto Rico (AGCPR), Raúl J. Brás Cummings; y el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, Edgar Rodríguez Pérez comparten impresiones durante un conversatorio sobre la industria de la construcción.
El Concilio de la Construcción presentó un estudio realizado por los economistas José Joaquín Villamil, Manuel “Coco” Morales y Manuel Maldonado, sobre el estado de situación de la industria de la construcción en la Isla. Basado en el estudio de la industria en Puerto Rico y en el resto del mundo en donde se destaca la relación de la construcción con el crecimiento económico, el Concilio presentó unas recomendaciones cuyo objetivo es reactivar la economía a corto plazo y establecer las bases para una industria dinámica a más largo plazo.
El Concilio, compuesto por la Asociación de Contratistas Generales; la Asociación de Constructores de Hogares; el Colegio de Ingenieros y Agrimensores; y el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, presentó varias iniciativas de proyectos pequeños que se pueden realizar como Alianzas Público Privadas (APP) con inversionistas locales. Dada la situación de estrechez fiscal que confronta el gobierno, sugieren que el mecanismo de las APP sea promovido más activamente como el medio para mitigar dicha estrechez.
Entre las ideas presentadas, está introducir cambios en la Ley de la Alianzas Público Privadas que permitan acelerar el trámite para crear dichas alianzas en proyectos con un costo total menor a los $50 millones de dólares. También proponen enmendar la legislación de tal forma que cualquier proyecto de APP, particularmente si es uno “greenfield”, tenga que incorporar a empresas o consorcios de empresas de construcción local. Otra recomendación es aprovechar los programas federales disponibles para emprender nuevos proyectos como es el programa de la Administración Obama con el nombre de Statewide Transportation Improvement Program (STIP) que viabilizaría un programa de construcción de infraestructura de una magnitud mayor que lo que se contempla actualmente. Además, contar con un plan integrado de infraestructura para apoyar la obtención de dichos fondos y otros como son los fondos TIGER.
La reactivación de la industria generaría 21 empleos directos e indirectos por cada $1.0 millón de construcción. Un estimado conservador de los proyectos que se encuentran en etapas avanzadas de ejecución y el estimado de necesidad de vivienda sugiere que en un plazo de dos años se puede generar $1,000 millones en construcción adicional lo cual representaría unos 21,000 empleos directos e indirectos.
La actividad contó también con una exposición y conversatorio con el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla (PPD), y una conferencia por parte de Rafael Brás, Rector Académico de Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) bajo el tema Educación e innovación para la competitividad dentro del contexto de Alianzas Público Privadas. La conferencia enfatizó que una economía de conocimiento solo puede existir con centros de educación universitaria que se ven como agentes impulsores de desarrollo económico mediante colaboración con el sector privado mediada por política pública. En esta alianza, la investigación, educación y empresarismo van mano a mano.
De otra parte, durante la Cumbre la Asociación de Contratistas Generales de América, Capítulo de Puerto Rico y la Administración de Servicios Generales firmaron un Acuerdo de Colaboración para aunar esfuerzos y recursos dirigidos a la educación continua de compradores del Gobierno, socios de la AGC y demás integrantes del sector de la construcción. Se trata de una alianza única donde ambos sectores, gobierno y empresa privada, promueven la competencia profesional e integridad en la relación contractual con el Gobierno.
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