Reclaman a OGP sobre nombramientos en Educación Especial

La senadora del Partido Popular Democrático (PPD), Maritere González informó mediante comunicado de prensa que se pudo constatar que el Departamento de Educación desde el pasado 22 y 25 de abril de 2014 le remitió comunicación a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) solicitándole autorización para cubrir los puestos de maestros de educación especial, facilitadores docentes, asistentes de servicios, conocidos como T1 y oficinistas para la continuidad de los servicios de Educación Especial durante el Año Escolar 2014-2015.

La senadora del Partido Popular Democrático (PPD), Maritere González señaló que es imperativo solicitarle a OGP que rinda cuentas y responda por la asignación tardía de los fondos solicitados para cubrir los puestos en Educación Especial.

La cantidad de puestos solicitados totalizaban 2,681 vacantes, de las cuales OGP aprobó sólo 2,100. No fue hasta principios del mes de agosto, fecha cercana al inicio de clases, que la agencia aprobó los puestos solicitados por el Departamento a través de tres bloques. El 1 de agosto a las 4:17 pm se aprobó el primer bloque de 1,000 puestos, el 6 de agosto se aprobaron 400 y el 13 de agosto 700 puestos, que suman unos 2,100 puestos aprobados, ya que los restantes 581 no fueron certificados.

“Cabe señalar que es a partir de la fecha de aprobación de fondos por parte de OGP que las Regiones Educativas comienzan con el proceso de reclutamiento del personal a través de RECLUTA, lo que retrasa el proceso de entrevistas y pruebas de dopajes, y por ende la contratación a tiempo del personal. En adición, este proceso inoportuno ha provocado el aumento de querellas por la falta de maestros y asistentes de servicios (T1) que atiendan las necesidades de los estudiantes de Educación Especial. Al día de hoy, se han retirado del Sistema Publico 279 maestros que aún no han sido autorizados por la OGP”, sentenció González.

 La legisladora popular indicó que ante este escenario, es imperativo solicitarle a OGP que rinda cuentas y responda por la asignación tardía de los fondos solicitados para cubrir los puestos en Educación Especial, lo que ha sido perjudicial para los estudiantes que hoy carecen de estos servicios educativos y además que estos puestos estén exentos del trámite de RECLUTA que retrasa contraproducentemente estos nombramientos para conferir servicios esenciales.

“En el inicio de la cuarta Asamblea Legislativa que comenzó el 18 de agosto, todos los senadores, como representantes del pueblo, nos comprometimos a investigar los procesos y servicios que se le ofrecen a los estudiantes de educación especial. Si las necesidades de maestros y asistentes se estipularon con tiempo, ¿por qué la demora en responder al llamado del cumplimiento con los estudiantes? Desde mi llegada a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico una de mis prioridades han sido los niños y las niñas del Programa de Educación Especial. Hemos tratado este asunto con la responsabilidad, la sensibilidad y el compromiso que amerita y mi récord legislativo así lo demuestra. Es por eso que exigimos el cumplimiento de los servicios de nuestros niños y niñas con diversidad funcional y reclamamos, como parte de la investigación, que las agencias pertinentes y los funcionarios a cargo actúen conforme al mandato de Ley”, expresó la Senadora.

La senadora señaló que los problemas que enfrenta esta población de estudiantes son problemas apremiantes que deben descentralizarse de todo mecanismo que impida que los servicios lleguen a tiempo a la población. En esa consecución, debemos reconocer, que el Sistema como está diseñado entorpece, atropella y afecta los procesos esenciales que garantizan los servicios de nuestros estudiantes. La Secretaria Auxiliar de Educación Especial (SAEE) depende de otras dependencias del Departamento de Educación, y gubernamentales, que tienen a su cargo otras responsabilidades, lo que afecta la agilidad y eficiencia que amerita estos procesos. Es importante para la SAEE lograr la implementación de la autonomía reconocida en la Ley 51-1996, de modo que viabilice la consecución de los propósitos de dicha Ley.

“Reconociendo esta necesidad, radiqué en octubre de 2013, el proyecto del Senado 816 (el cual ya fue aprobado por el Senado y se encuentra en la Cámara de Representantes) para garantizar el cumplimiento de la obligación del Departamento de Educación en la implementación de la autonomía administrativa, docente y fiscal de la Secretaria Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos. Esa falta de ejecución de autonomía repercute en el incumplimiento con las necesidades de los estudiantes que pertenecen al Programa de Educación Especial, de manera que sus servicios se ven afectados por los retrasos administrativos, procesales y fiscales, que muchos funcionarios atados a los números no comprenden ni asimilan”, sostuvo la senadora por el Distrito Mayagüez-Aguadilla.

González culminó diciendo que el gobierno debe asumir su compromiso con la educación especial, haciendo las gestiones y los reclamos necesarios para que las agencias pertinentes, así como la persona que administra el presupuesto de Educación Especial, la Sub Secretaría de Administración del Departamento de Educación y OGP, le den una explicación al País sobre “todo este proceso inaceptable e insensible” que va en detrimento de las necesidades y los servicios de los estudiantes con diversidad funcional en Puerto Rico.