Proponen que negocios avisen al gobierno antes de cerrar

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ángel Peña Jr. abogó hoy domingo por la aprobación de una medida que ordena a todo patrono notificar por escrito, con 90 días de anticipación, al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, así como a cada empleado, cualquier cambio en la empresa que pueda provocar el cierre, traslado, consolidación de operaciones o que conlleve una reducción de la jornada de trabajo o cambio sustancial en las condiciones del mismo.

La medida propuesta obligaría a los negocios notificar con 90 días de anticipación al gobierno y a sus empleados cambios que pudieran llevar al cierre de operaciones de la empresa.

“En los últimos meses hemos visto como varias compañías han cesado operaciones en Puerto Rico o han reducido sus nóminas con la terrible consecuencia de dejar a un gran número de personas sin trabajo. Esta situación ha tomado por sorpresa al gobierno pues estas compañías no notifican de sus planes de cierre hasta casi el momento en que cesan operaciones o reducen sus nóminas. El resultado de esto es que el gobierno no puede tomar medidas alternas para aliviar y/o contener el impacto económico adverso que desata el súbito aumento del desempleo”, manifestó el legislador.

El Proyecto de la Cámara 970, de la autoría de Peña Jr., requiere a toda persona jurídica que opere un negocio, avisar con tres meses de anticipación cualquier evento, entre otros, de cierre, traslado, consolidación de operaciones o reducción de la jornada de trabajo al Secretario del Trabajo y de esa manera preparar al gobierno para tomar medidas alternas para aliviar la situación de desempleo que aumenta en estas situaciones.

“Las realidades económicas de un país inciden en el comportamiento empresarial en el comercio y la industria. A medida que se van suscitando cambios, así también puede verse afectada la producción y las operaciones de distintas empresas. Sin embargo es sobre los empleados de esas empresas en las cuales recaerán los efectos de las decisiones tomadas por la gerencia. La realidad es que muchas corporaciones en Puerto Rico reciben fondos del Gobierno, ya sea financiamiento, créditos contributivos y energéticos, o asesoramiento técnico. Es imperativo que estas compañías tengan la obligación de avisar al Estado cualquier cambio en sus finanzas que pudiera provocar una reducción de empleos”, concluyó diciendo Peña Jr.

La medida, radicada en abril de 2013, todavía no ha sido referida a la Comisión de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro del Servicio Público de la Cámara de Representantes, la cual es presidida por el representante de la mayoría, Jesús Santa Rodríguez.