El Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi (PNP) presentó hoy jueves un proyecto de ley que otorgaría al Gobierno de Puerto Rico la facultad de autorizar a corporaciones públicas a reestructurar el pago de sus deudas al amparo del Capítulo 9 del Código de Quiebras de Estados Unidos.
Bajo el Código de Quiebras de Estados Unidos las asambleas legislativas de los estados pueden autorizar a sus subdivisiones políticas o instrumentalidades públicas a reestructurar el pago de sus deudas conforme a las disposiciones del Capítulo 9 del Código. Sin embargo, la ley federal de quiebras excluye expresamente a Puerto Rico de la definición de estado para esos propósitos. El proyecto del Comisionado Residente le otorgaría a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico el mismo poder que tienen las legislaturas estatales a la hora de autorizar la reestructuración de las deudas de entidades públicas.
El proyecto de Pierluisi fue endosado por la Conferencia Nacional de Quiebras, una organización compuesta por abogados, profesores y jueces que asesoran al Congreso en relación a posibles cambios a la ley de quiebras federal. En su carta de endoso la Conferencia sostuvo que “no visualiza ninguna razón de política pública para que las municipalidades de Puerto Rico no tengan el mismo acceso al Capítulo 9 que las municipalidades de los estados.”
Lea el Proyecto de Ley
La medida de Pierluisi surge a raíz de una serie de eventos en Puerto Rico. A finales del mes de junio, el Gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla (PPD) sometió y la Asamblea Legislativa aprobó la ley conocida como la“Ley de Quiebra Criolla” para permitir que ciertas corporaciones públicas en dificultades financieras puedan reestructurar sus obligaciones. Varios fondos de inversión han demandado al gobierno ante el Tribunal Federal en San Juan, alegando que la Ley de Quiebra Criolla viola tanto la Constitución de Estados Unidos como la Constitución de Puerto Rico. Estos litigios son complejos, costosos y tienen resultados inciertos.
“Al aprobar la Ley de Quiebra Criolla la administración actual envió una señal clara de que una o más de nuestras corporaciones públicas podrían buscar reestructurar el pago de sus deudas. Esta señal generó una fuerte reacción negativa en los mercados financieros y en las casas acreditadoras. También provocó sendas demandas legales que alegan que el Gobierno de Puerto Rico no cuenta con el poder para aprobar la ley y que sus disposiciones son inconstitucionales”, dijo Pierluisi.
“Antes de aprobar la legislación en cuestión, la administración debió haber considerado y debatido públicamente todas las alternativas existentes que pudieran mejorar la condición financiera de nuestras corporaciones públicas. Asimismo, debió haber allanado el camino con los principales fondos que han invertido en bonos de nuestras corporaciones públicas, así como con las casas que evalúan su crédito. Pero obviamente no lo hizo”, añadió el Comisionado.
“Enmendar el Código de Quiebras federal para extender la aplicación del Capítulo 9 a Puerto Rico es la manera más prudente y razonable de proceder ante estas circunstancias. El procedimiento establecido en el Capítulo 9 es constitucional, ya está probado y tiene mayor probabilidad de lograr un resultado justo y equitativo para todas las partes. Mi proyecto le permitirá a la Asamblea Legislativa y el Gobernador de Puerto Rico autorizar que corporaciones públicas puedan reorganizarse bajo la supervisión del Tribunal de Quiebras federal”, concluyó Pierluisi.
El Comisionado Residente indicó que las partes con interés en este asunto deben comprender varios aspectos importantes del Capítulo 9 del Código de Quiebras federal.
Primero, si se enmienda el Código de Quiebras como propone el proyecto de Pierluisi, de todas maneras el Gobierno de Puerto Rico tendrá la última palabra en cuanto a qué entidades pudieran buscar alivio ante el Tribunal de Quiebras.
Segundo, para poder acogerse a los beneficios del Capítulo 9 cualquier corporación pública tendría que estar “insolvente”, no meramente tener “dificultades financieras” como dispone la Ley de Quiebra Criolla.
Tercero, ninguna corporación pública podría utilizar el Capítulo 9 a menos que haya negociado de buena fe con sus acreedores o haya concluido que ese tipo de negociación no es posible.
Finalmente, debe estar claro que, al igual que en los estados, el gobierno central de Puerto Rico no podrá reestructurar el pago de sus deudas bajo la ley de quiebras federal.
El proyecto de Pierluisi será referido a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
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