El Universal ha publicado el pasado fin de semana sendos artículos sobre la situación de los menores en México, que incluyen también a quienes viven en estado de abandono u orfandad, o que están separados de sus padres por cuestiones jurídicas.
México deportó el pasado año al 84%, de los menores indocumentados que llegaron al país procedente en su mayoría de Centroamérica, afirmó Diego Lorente, director del Centro de Derechos Humanos Fray Marías de Córdova.
Las autoridades mexicanas aseguraron en el 2013 a 9,893 menores indocumentados, de los cuales sólo 50 obtuvieron refugio, 1,493 permanecieron en el país donde ya vivían familiares con diversos estatus y el resto, 8,350 fueron deportados.
El diario mexicano El Universal publica hoy un amplio reportaje investigativo en el que se cuestiona la política mexicana de detención y deportación de menores que viajan no acompañados.
Lorente dijo a El Universal que se desconoce a cuántos de los 7,600 menores centroamericanos no acompañados deportados de México en lo que va de año “se les negó un debido proceso de asilo y se les deportó a pesar del peligro que corrían sus vidas”.
“Sólo a uno de cada diez menores le dijeron en México que tenía derecho al asilo”, dijo a El Universal, desde Honduras, Carlos Flores de la organización Casa Alianza.
El diario dijo que buscó entrevistar sobre el tema a funcionarios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), pero no obtuvo respuesta.
El Universal ha publicado el pasado fin de semana sendos artículos sobre la situación de los menores en México, que incluyen también a quienes viven en estado de abandono u orfandad, o que están separados de sus padres por cuestiones jurídicas.
Datos citados por El Universal revelan que hasta diciembre de 2013, había 25,700 niños en esta situación, instalados en los 805 albergues privados y 117 privados que hay en el país.
“Del total de menores a quienes se les llama “institucionalizados” porque viven en dichos centros 11,181 están ahí por abandono y por haber sufrido maltratao por parte de sus progenitores”, asegura el reportaje.
“El Estado ha sido omiso al incumplir con su obligación de regular y supervisar la operación de estos centros donde ha dejado a miles de niños bajo su cuidado”, declaró Nashieli Ramírez, coordinadora de Ririki Intervención Social y consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
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