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Gobernador restituye colegiación compulsoria de abogados

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla (PPD) estampó su firma hoy en la ‘Ley de la Colegiación Integrada de la Abogacía’, que restituye la colegiación obligatoria como requisito para ejercer la abogacía y el notariado en Puerto Rico. Vea las fotos

“Hoy es un día importante para el pueblo, que vuelve a tener un Colegio de Abogados y Abogadas con poderes restituidos para darle voz a la gente más vulnerable en sus luchas por la reivindicación de sus derechos fundamentales; para fortalecer el acceso a la justicia sin distinción de clase social, raza, sexo, origen étnico o nacional, creencias religiosas y políticas o identidad sexual; y para servir de centinela de la conducta ética, el compromiso y la diligencia que siempre deben distinguir a los abogados y abogadas, incluyendo a aquellos y aquellas que también son custodios de la fe pública notarial”, afirmó el primer mandatario.

La legislación, además, fija en $250 la cuota anual del Colegio y dispone que la misma solo se puede aumentar a través del voto de una asamblea general; el alza en esta contribución no podrá ser mayor de un 10 por ciento. La votación en cualquier asunto del Colegio podrá ser a través de la asistencia a una asamblea, por correo y de manera electrónica.

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Asimismo, este estatuto fortalece el Fondo de Acceso a la Justicia de Puerto Rico, pues permite que cualquier colegiado opuesto a las posiciones del liderato de turno del Colegio pueda donar su cuota al Fondo; de esta manera, no contribuye al presupuesto general de la institución.

“Nunca olvidemos que para que la libertad, la igual protección de las leyes, el debido proceso de ley y la dignidad sean mucho más que una aspiración – para que puedan ser reivindicados con éxito por cada habitante de nuestro país – es necesario que fortalezcamos el acceso a la justicia”, expresó García Padilla.

De igual forma, esta ley le devuelve los poderes al Colegio para fiscalizar la práctica de la abogacía y el notariado.

“Con la ley que firmamos hoy, completamos la restitución al Colegio del resto de las facultades que permitieron a lo largo de su historia centenaria darle voz a la gente humilde y fortalecer la ética y excelencia profesional, incluyendo las personas investidas con la fe pública notarial”, concluyó el gobernador.

El Colegio de Abogados de Puerto Rico  fue fundado en el 1840; en el 1981, inauguró su programa Pro Bono, una corporación sin fines de lucro que ofrece servicios legales gratuitos a personas de escasos recursos económicos en derecho civil y administrativo. Igualmente, siempre ha colaborado con la Sociedad para la Asistencia Legal y con la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico.

En el 2009, se aprobaron varias leyes dirigidas a eliminar la colegiación compulsoria, redefinir las facultades y deberes del Colegio y los requisitos para ejercer la profesión de la abogacía y el notariado en Puerto Rico, entre otras cosas.

 

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