El representante del Partido Popular Democrático (PPD) y presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Para el Desarrollo de Iniciativas Contra el Crimen y la Corrupción de la Cámara de Representantes, José Báez Rivera, informó que de la vista pública celebrada el día de hoy y los documentos descubiertos se reveló que, desde un principio, las agencias reguladoras mostraron dudas sobre la validez del acuerdo firmado el 26 de marzo de 2012, mediante el cual la pasada administración concedió a Doral Financial Corporation un reintegro contributivo de $229 millones de dólares. Vea las fotos
El representante Báez Rivera afirmó que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), no fue informada de la negociación, redacción ni firma del acuerdo entre Doral Financial Corporation y el Departamento de Hacienda, aún cuando OCIF estaba examinando a Doral Bank, que fue una de las partes en dicho acuerdo. Indicó Báez que “Rafael Blanco, Comisionado de Instituciones Financieras, se enteró de dicha transacción porque el 29 de marzo de 2012 se lo informó un alto ejecutivo de Doral Financial Corporation.”
De otra parte, indicó el legislador que “el 24 de abril de 2012 el Comisionado de Instituciones Financieras le escribió al Director Regional del Federal Deposit Insurance Company (FDIC) para informarles que encontraba ‘extremadamente difícil’ aceptar esa transacción gubernamental de oferta de pago ‘como una inyección instantánea de capital’”. La contención de la Corporación Doral Financial ha sido que el acuerdo del 26 de marzo 2012 tenía que considerarse como efectivo dentro del capital de la entidad bancaria.
De otra parte, Báez Rivera también aseguró que la documentación recibida desmiente a Doral Financial Corporation (DFC) en su alegación de que la anulación el pasado 14 de mayo por parte del Departamento de Hacienda del acuerdo del 26 de marzo de 2012, ha impactado a la institución bancaria de forma adversa, devastadora e irreparable. Enfatizó el representante que “me parece insólito que Doral esté haciendo esas alegaciones cuando de la información documental que hemos recibido en la Comisión se desprende que el 25 de abril del 2014, esa entidad notificó al ‘Securities and Exchange Commission’ de los Estados Unidos que ya para el 31 de diciembre del 2013 el Federal Deposit Insurance Corporation le había informado al Doral Bank que no podía incluir el acuerdo del 26 de marzo de 2012 como efectivo dentro de su capital. Más aún, de los documentos ante la Comisión surge que el 8 de mayo de 2014, seis días antes de la resolución de la Secretaria de Hacienda, el FDIC ya le había notificado a Doral Financial Corporation de que no reconocía el reintegro concedido a través del acuerdo del 26 de marzo como parte del capital reglamentario, por razones totalmente ajenas al cuestionamiento de validez que había levantado Hacienda. De hecho esa comunicación es una confirmación de una determinación previa de esa agencia federal incluida en un ‘Report of Examination’ de fecha 8 de julio de 2013.”
De la misma manera Báez Rivera sostuvo que “la situación financiera de Doral no se debe a la actuación de la Secretaria de Hacienda; el 8 de agosto del 2012 esta corporación informó públicamente y a las autoridades federales que se encontraba bajo acuerdo supervisado del FDIC buscando recapitalizarse. Mientras que el 11 de septiembre de 2012 la entidad firmó otro acuerdo supervisado pero con el Banco de la Reserva Federal con el que esta agencia fiscalizaría la recapitalización de Doral Bank, entre otras cosas.”
El legislador finalizó sus comentarios diciendo que “la Comisión continuará evaluando la documentación que nos ha seguido llegando relacionada al acuerdo objeto de nuestra investigación. Sin embargo, es claro que de lo que se ha procesado hasta este momento muchas personas tienen mucho que explicar al respecto.”
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