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Senado aprueba con enmiendas la Ley de Sustentabilidad Fiscal

El Senado de Puerto Rico aprobó hoy, con enmiendas, el proyecto que crea la Ley Especial de Sustentabilidad Fiscal y Operacional del Gobierno, a los fines de declarar un estado de emergencia fiscal en Puerto Rico.

La pieza legislativa, que contó con el voto en contra de la minoría independentista y novoprogresista, regresa a la Cámara de Representantes para coincidir o no con las enmiendas del Senado. De aceptarlas, la medida pasa a la firma del Gobernador. De no hacerlo, regresa al Senado.

El Proyecto de la Cámara 1922, de Administración, crea la Ley Especial de Sustentabilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a los fines de declarar un estado de emergencia fiscal; adoptar un plan para manejar las consecuencias de la crisis fiscal y económica, de la degradación del crédito de Puerto Rico; establecer una gerencia estructurada para atender la situación; disponer sobre la primacía de esta ley y su aplicabilidad; establecer las pruebas de sustentabilidad fiscal que se fijan como metas y disponer sobre informes trimestrales; establecer medidas de reducción de gastos de la Rama Ejecutiva tales como la reducción de la contratación de servicios profesionales y comprados, ajustes en las tarifas de servicios comprados y profesionales , reducción en la nómina de empleados de confianza, establecer controles para la ocupación de puestos vacantes y flexibilizar la facultad gubernamental para efectuar destaques o traslados debido a necesidades de servicio, normas y restricciones sobre concesión de aumentos en beneficios económicos o compensación monetaria extraordinaria, disposiciones sobre negociación de convenios colectivos y foros para dirimir controversias, disposiciones sobre transporte escolar, prohibición contra sobregiros presupuestarios disponer sobre el control fiscal en las corporaciones públicas;  proveer para la aportación de ahorros de corporaciones públicas al Fondo General; proveer sobre el presupuesto de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), la Oficina del Contralor Electoral y el Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI); disponer prohibiciones respecto a escoltas, viajes, contratación de servicios, entre otros; establecer un plan de reducción de gastos y contratos por concepto de arrendamientos; disponer de un plan de reducción de consumo energético y consumo de servicio de acueductos y alcantarillados; proveer medidas sobre el presupuesto en la Rama Judicial, Rama Legislativa y otras entidades gubernamentales; establecer planes para las sentencias finales y firmes pendientes de pago; establecer prohibición respecto a reclamaciones sobre obligaciones suspendidas temporeramente por esta Ley; disponer sobre las responsabilidades, poderes y deberes de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP); disponer sobre la inmunidad en cuanto a pleitos y foros; y para otros fines relacionados.

El senador Cirilo Tirado (PPD) informó dos medidas introducidas al proyecto. La primera, al Artículo 17, que establece que a partir del primer Año de la vigencia de esta ley y anualmente, por los próximos tres años, toda corporación pública establecerá anualmente un proceso mediante el cual el director ejecutivo de la entidad y los representantes de sus respectivos gremios evaluarán, de forma transparente, la situación económica y realidades fiscales de las respectivas corporación pública. A la luz de la evaluación, según el mecanismo adoptado, y de establecerse que la corporación pública no opera con déficit y cuenta con una condición económica establece y no depende del Fondo General para su operación, se podrán iniciar negociaciones de aquellas cláusulas del convenio que han sido congeladas bajo las disposiciones de este Artículo. Al finalizar la vigencia de esta ley, se restablecerá el convenio colectivo vigente.

La segunda enmienda es al Artículo 32, según Tirado, que tiene que ver con los poderes de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. La OGP no podrá tener controles sobre los reglamentos y leyes de los convenios colectivos de las corporaciones públicas.

Otra enmienda, en la Página 51 línea 17, después de naturaleza, se inserta las entidades de la Rama Ejecutiva y la OGP deberán tomar las salvaguardas necesarias, a los fines de garantizar que las disposiciones de este Artículo no acarreen la pérdida de fondos federales.

En la Página 64, línea 15, después de empleado, insertar: y de los adiestramientos que brinda la Oficina de Capacitación y Asesoramiento Laboral y la Administración de Recursos Humanos (OCALAHR).

Por otra parte, en la Exposición de Motivos de la pieza legislativa se expresa que “ciertamente, la medidas tomadas hasta este momento no han sido suficientes para atajar el problema económico y fiscal de Puerto Rico, sino que nos vemos obligados a utilizar nuevamente el poder de razón de Estado para manejar esta crisis, aún más grave. Por años, los ingresos netos del Fondo General no han sido suficientes para cubrir los gastos operacionales recurrentes con cargo a dicho fondo. En el pasado, la práctica ha sido tomar dinero prestado para cubrir la insuficiencia creada por la diferencia entre los ingresos y los gastos del Fondo General. Al mismo tiempo, las corporaciones públicas han experimentado una situación similar que tiene como resultado que la mayoría tengan pérdidas operacionales millonarias anualmente. Esta situación, también se ha atendido tomando dinero prestado sin contar con una fuente de repago para otorgar dichos préstamos.

Asimismo, expresa que estas estrategias de financiar gastos operacionales con préstamos hacen que hoy enfrentemos un problema de liquidez grave, el cual pone en peligro que el gobierno cuente con dinero suficiente para pagar la nómina de los empleados públicos y cubrir otros gastos operacionales. Por esto, es necesario que se tomen las medidas que aseguren que el gobierno cuente con el dinero necesario para pagar por los servicios que ofrece a la ciudadanía.

Entre otras cosas, el informe expresa que para el 2013, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) le adeudaba al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) $2,043 millones de dólares.

Asimismo, en el año fiscal 2003-2004, se experimentó un aumento de cerca de $1,570 nillones y los préstamos en cartera del BGF ascendieron a $4,176 millones.

De otra parte, la firma de Contadores Públicos Autorizados, KPMG, auditó los estados financieros del BGF para el año terminado el 30 de junio de 2013. En su informe, los auditores enfatizan que, en su estado de situación al 30 de junio de 2013, el BGF tiene préstamos por cobrar al ELA y a sus corporaciones públicas por $6,900 millones. Por otro lado, los préstamos por cobrar a los municipios totalizaron $2,212 millones. El total de la deuda pública de Puerto Rico alcanzó $64,957 millones en el año fiscal que concluyó en el 2013.

La Autoridad de Carreteras, la Administración de Servicios Médicos (ASEM), la Administración de Seguros de Salud (ASES), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de los Puertos adeudaban al BGF a fines de junio de 2013, la cantidad de $2,795 millones. Esta cantidad equivale al 41% de los préstamos por cobrar a las corporaciones públicas de $6,889 millones. La asignación del Fondo General para la Reforma de Salud totaliza $885 millones en el presupuesto recomendado para el año fiscal 2014-2015.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado, José Nadal Power (PPD), informó que una enmienda de la Cámara, que fue producto del acuerdo firmado entre un gran sector de la representación sindical y la Oficina del Gobernador, que establece que los traslados no se pueden llevar a cabo si los mismos resultan ser muy onerosos para el empleado público.

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