Una falacia el mantra de “hacer más con menos”

Por: Agnes J. Montano – En la carrera por aprobar un presupuesto oportuno para el año fiscal próximo, con gastos proporcionales a los ingresos recurrentes del Estado, el concepto de “hacer más con menos” que el gobierno intenta venderle al país es una falacia con consecuencias sociales difíciles de superar.

En ello coinciden economistas y analistas entrevistados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), quienes señalan que la única forma en que un gobierno puede expandir y mejorar servicios, a la vez que baja costos, es transformando radicalmente sus procesos e implantando un riguroso sistema de medición de desempeño.

Empero, ese cambio radical que es tan necesario, y los sistemas de medición que se requieren para garantizar su efectividad, no están contemplados en la madeja de medidas legislativas presentadas para lograr el cuadre fiscal del país para el año fiscal que comienza el primero de julio.

“Lo que está propuesto carece de análisis de racionalidad del funcionamiento de las agencias y los recortes están propuestos en función de criterios mecánicos. Todo está basado en un pensamiento primitivo desde un punto de vista estrictamente administrativo”, afirmó el economista Santos Negrón Díaz, quien comparó el impacto de los recortes a salarios y beneficios económicos propuestos bajo la Ley de Sustentabilidad Fiscal del gobernador Alejandro García Padilla, con los miles de despidos en el servicio público bajo la Ley 7 de la administración de Luis Fortuño.

“Si ya estaban mermadas las fuerzas por los despidos masivos y ahora le vas a quitar recursos a una plantilla muy debilitada, es ilusorio pensar que vas a poder aumentar la productividad y mantener el mismo nivel de servicio,”, explicó el ex director del Área de Planificación Económica y Social de la Junta de Planificación.

Las 40 medidas que acompañan el presupuesto para el año fiscal 2014-15, se centran en la suma y resta para lograr la reducción de $1,400 millones en gastos, una consolidación de agencias carente de un rediseño administrativo dirigido a producir eficiencia, y una declaración de emergencia fiscal por los próximos tres años que trastoca derechos contractuales de servidores públicos. Para el abogado y analista político, Noel Colón Martínez, representa la suspensión de derechos civiles parciales por vía de orden ejecutiva.

“Cuando un gobierno impone más impuestos y arbitrios que gravan la vida de la gente, en especial la clase media, sin generar productividad que compense ese proceso, y sin aumentar el empleo o la inversión, y se sigue gravando los empleados (públicos) que siguen en el sistema sin mejores condiciones de trabajo, entonces hacer más con menos es una imposibilidad total”, sostuvo el letrado refiriéndose a los tributos impuestos en el verano pasado que buscaron aumentar en $1,400 millones los recaudos del estado.

Para el economista Elías Gutiérrez, profesor de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, el concepto de “hacer más con menos” se reduce a una campaña oficialista por parte del Estado cuando en el horizonte se ciernen problemas más apremiantes como el hecho de que los estimados de Hacienda se han quedado por debajo de los estimados por unos $443.3 millones en lo que va de año fiscal.

La merma es producto de que un 53% de las corporaciones pidieron prórroga para la radicación de sus planillas, y no enviaron el pago o enviaron una cantidad menor.

“Hacienda está apostando a que los recaudos van a mejorar el mes que viene cuando entren las prórrogas que vinieron sin pago, pero el problema es que no hay de dónde pagar; el gobierno ha dejado a las empresas en la inopia”, afirmó Gutiérrez, para quien la complicación viene de la llamada “patente nacional” porque está diseñada para gravar el volumen total de ingresos sin considerar costos.

La “patente nacional” es un impuesto que grava la totalidad de los ingresos de una empresa, además de capital o propiedades preexistentes, pero excluye los costos operacionales que afectan la ganancia neta. Al excluir los gastos operacionales de la ecuación, las empresas están obligadas a pagar el sobrecargo, aún cuando una empresa tenga pérdidas y, en otros casos, podría gravar la totalidad de las ganancias si la empresa tiene escaso margen de ganancias.

Este impuesto fue cuestionado en los tribunales por la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), pero el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió un “No ha lugar” a la petición de Certificación incoada por la organización.

Menos mas menos, es menos

Algunas de las instrumentalidades públicas sencillamente no tendrán los recursos para mantener el mismo nivel de prestación de servicios, muy a pesar de que el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Carlos Rivas Quiñones, aseguró que las reducciones fiscales no afectarían los servicios esenciales a la ciudadanía.

La revisión de los presupuestos recomendados de unas 75 agencias u entidades gubernamentales destinadas a recibir recortes en la asignación proveniente del fondo general, evidencia que el mantra de “hacer más con menos” es en la práctica, un oxímoron.

Por ejemplo, de aprobarse el presupuesto como recomendado, la Administración de Seguros de Salud (ASES), que maneja el plan médico Mi Salud, recibiría un recorte de 50% en la partida de gastos para promover y garantizar la fiscalización de las aseguradoras participantes en el plan.

Mientras, ante la pérdida de $11 millones, equivalente a un 12.2% del presupuesto vigente, ya el administrador interino de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), José Flores, advirtió en vistas públicas que se afectarán servicios esenciales y se imposibilitará a la agencia asegurar mayores protecciones y garantías de calidad de servicio a sus beneficiarios.

Esto es particularmente cierto para instituciones como el Hospital de Psiquiatría de Ponce, una institución plagada por problemas reconocidos por Assmca de falta de personal, carencia de medicamentos, pagos tardíos a médicos, y dificultades para contratar los servicios profesionales para ofrecer servicio directo a pacientes -como médicos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, y otros- que se verá precisada a operar con $1.4 millones menos de su presupuesto operacional vigente.

Y mientras el equipo económico del Gobernador anunció que trabaja en un plan de desarrollo económico para generar crecimiento e inversión, al Instituto de Estadísticas, se le recortará el presupuesto en un 50%, afectándose con ello proyectos como las mejoras que se necesitan en la metodología estadística del Producto Interno Bruto y las Encuestas de Empleo, vitales para la competitividad del país y el diseño de políticas de vanguardia.

“Eso es una gran contradicción”, sostuvo Negrón Díaz. “Cómo van a estrangular la fuente de información. Se repite el mismo proceso de recortar sin tener criterios y medición del impacto en la productividad. Lo que han hecho es un recorte mecánico sin medir el impacto cuantitativo”, agregó.

En el área de transporte, OGP recomendó una reducción de presupuesto de $36,116,000 (42.4%) para la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), ante la esperada aprobación de un anteproyecto de ley para crear una nueva Autoridad de Transporte Integrado, que consolidaría la AMA con la Autoridad de Transporte Marítimo y el Tren Urbano. Sin embargo, de no ser aprobado el proyecto, los fondos operacionales de la AMA estarían disponibles según el ejercicio del criterio fiscal y gerencial de la OGP.

Programas de desarrollo social de la niñez y la juventud también quedarán severamente afectados por las reducciones, como es el caso del Conservatorio de Música cuyo programa de transformación social por medio de la música y la creatividad mediante un sistema de orquestas y coros juveniles e infantiles, recibirá una reducción de $200,000 como resultado de los ajustes fiscales incluidos en el presupuesto del próximo año.

Mientras, en la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), se eliminan $2 millones para el Programa de Reciclaje y la corporación tendrá que asegurar la continuidad del programa con recursos propios. ADS está además en a lista de agencias que serían fusionadas administrativamente.

Como estos, abundan muchos otros ejemplos de cómo la insuficiencia de fondos afectará la prestación de servicios y esto, sumado a los trastoques de nómina y beneficios en las agencias, supondrá tensiones sociales que profundizarán la crisis socioeconómica del país, según los entrevistados.

“Aquí hay mucha gente viviendo de maromas y si se continúa apabullando la clase media puede haber explosiones sociales de diversas manifestaciones”, sentenció Colón Martínez.

Para Gutiérrez, el impacto de los recortes en la productividad del país está forjando lo que describió como “un ghetto de viejos pobres”.

Se mueve el gasto de un lado a otro

De otra parte, los entrevistados pusieron en entredicho el reclamo del gobierno de que las fusiones de 25 dependencias públicas a otras agencias afines producirán los ahorros y las eficiencias que el gobierno alega.

De hecho, el director de OGP, Rivas Quiñones, reconoció que el ahorro contemplado es de unos $2 millones, un ahorro ínfimo para un país que carga una deuda de $72,000 millones.

“Eso es un ahorro de poca monta. El criterio no puede ser cuánto se gasta sino cuán eficiente es el servicio. Esta reducción indiscriminada de gastos es un lastre que tiene un costo en la productividad”, dijo Negrón Díaz.

Hasta la fecha, el gobierno no ha ofrecido detalles sobre cómo la consolidación de entidades gubernamentales puede resultar en un Gobierno mejor organizado y menos fragmentado en que haya agilidad y coherencia en la formulación y cumplimiento de política pública; menor fragmentación en la provisión de servicios directos a la ciudadanía o clientela; la reubicación de personal en áreas de mayor necesidad e impacto; y la eliminación de redundancia en funciones de apoyo administrativo.

Asimismo, tanto Negrón Díaz como Colón Martínez recordaron que la experiencia en el país con las fusiones y las llamadas reformas gubernamentales demuestra que ninguna ha tenido el efecto transformador deseado.

“Ninguna de las fusiones ha reducido costos ni mejorado el servicio”, afirmó Colón Martínez. “Eso lo único que hace es mover el gasto de un lado para otro”.

Contracción en medio del estancamiento

Los recortes propuestos en el presupuesto vendrán a contraer una economía que ha estado por los últimos ocho años estancada, concluyeron los entrevistados.

“Si reduces los gastos y la inversión del gobierno en infraestructura, reduces dos elementos dinámicos de nuestra economía; no es factible crecer”, sostuvo Negrón Díaz, quien además aseguró que la única forma de mitigar este impacto es trayendo inversión del exterior.

Pero, para Gutiérrez, el impacto de la crisis fiscal en la economía hace mucho rebasó los límites del estancamiento.

“Lo que estamos viendo no es el derrumbe del ELA – como aseguran algunos- sino el de una economía y de un gobierno cuyo único fin es velar por su existencia misma”, aseguró Gutiérrez. También auguró que el desenlace de la merma en ingresos, faltando dos meses para el cierre del año fiscal en curso, será la quiebra de ciertas corporaciones públicas que no podrán cumplir con sus obligaciones ante los bonistas.