Con marchas contrarias de oficialistas y opositores, Venezuela celebra el Día del Internacional de los Trabajadores, en medio de una de los peores crisis de protestas antigubernamentales que ya han dejado 41 muertos y más de 700 heridos.
La Mesa de la Unidad Democrática, el principal grupo aglutinador de la oposición, marchara en Caracas junto a los trabajadores para protestar contra los factores que, según ellos, atentan contra el trabajo y los salarios.
Para la MUD, los reclamos de los trabajadores venezolanos tienen gran significación, ya que son ellos quienes padecen los resultados de las políticas económicas implementadas por el gobierno.
De igual manera, tres marchas que se originarán en tres puntos diferentes de Caracas convergerán en la avenida Bolívar donde se espera que el presidente Nicolás Maduro se les una.
Maduro anunció hace dos días un incremento del 30 % del salario mínimo y pensiones para llevar el ingreso “a niveles de defensa necesarios”, lo que eleva el sueldo básico a 4,251.78 bolívares ($674.88 dólares), lo que junto al 10 % ya aprobado en enero supone una subida del 43 % en lo que va de año.
Pese a que el aumento no supera a la inflación de 56.2% en 2013, la principal organización patronal de Venezuela, Fedecámaras, consideró que el aumento ha sido “responsable”.
“Se está tratando una bronquitis como si fuera una tosecita porque ciertamente para los trabajadores y la gente que está empleada el aumento del 30 % le parece poco, pero creo que es absolutamente responsable”, dijo el presidente de la organización, Jorge Roig.
En cambio, uno de los principales líderes opositores, Henrique Capriles, calificó el alza salarial como un “aumento chucuto”.
“Todos los trabajadores del país merecen una mejora salarial que les permita compensar la terrible inflación –añadió. Yo quiero que esto cambie, pero para lograr que cambie debemos luchar juntos. Este país está destinado a ser grande”.
Las manifestaciones de este jueves seguramente avivarán también el debate sobre las limitaciones establecidas al derecho a manifestar, luego del fallo del Tribunal Supremo de Justicia y de la opinión de la fiscal general de la República, Luis Ortega, que aseguran “no es absoluto”.
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