Hacen llamado a boicotear las Pruebas Puertorriqueñas por ser “engañosas y fraudulentas”

La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) hizo un llamado a boicotear las  Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA) que se comenzarán a administrar en las escuelas públicas mañana jueves, para crear consciencia en el magisterio y el pueblo sobre el carácter “engañoso y fraudulento de las mismas y el grave daño que le hacen a nuestros estudiantes”.

“Las PPAA son fraudulentas porque no miden realmente los logros en el aprendizaje. Los ejercicios de la prueba no van a la par con el contenido que se cubre en el salón de clases. Imponer una prueba en donde se pretende que el estudiante conteste correctamente ejercicios sobre temas no estudiados en la clase es abusivo y discriminatorio. Más aún si por falta de maestros el estudiante no ha podido tomar la clase. El Departamento de Educación (DE) le exige a los maestros que utilicen en sus cursos variados métodos para evaluar el aprendizaje en sus estudiantes basado en la correcta premisa de que cada estudiante aprende a su propio ritmo y demuestra conocimiento de distintas maneras. Sin embargo, insiste en utilizar una prueba estandarizada para evaluar a todos los estudiantes como si fueran iguales y tuvieran que dominar unas destrezas en el mismo momento”, sentenció la presidenta de la FMPR, María Lara.

La líder magisterial indicó que por eso es que para los estudiantes las pruebas no tienen pertinencia alguna. “Ellos las aborrecen y su forma de rebelarse es contestarlas adivinando a lo loco incluso antes de que la maestra haya terminado de explicar las instrucciones. Los resultados de una prueba contestada de esa manera no son certeros ni confiables”.

Lara cuestionó ¿Cómo el Departamento puede concluir que el estudiante fracasó o aprobó un ejercicio si ni siquiera lo leyó? “Si los resultados de las pruebas no son confiables no tienen ninguna utilidad para elaborar estadísticas ni estrategias educativas que mejoren la educación. El Departamento de Educación conoce esta realidad, pero en vez de corregirla aceptando que las PPAA no sirven para medir el aprovechamiento obliga a los maestros a enseñar para “pasar” la prueba aunque se dejen de lado las destrezas fundamentales del grado. Formar autómatas que aprendan a llenar burbujas parece ser más importante que contribuir a la formación integral de un ser humano. Ya no se enseña para aprender a resolver problemas, desarrollar el pensamiento crítico, aplicar lo aprendido a la interpretación de la realidad y desarrollar valores. Lo importante es pasar la prueba. Esto es un retroceso de décadas en la educación pública que nos ubica en una enseñanza totalmente bancaria, memorista donde sólo puede florecer el fraude y el autoengaño”, añadió.

Lara señaló que los estudiantes de Educación Especial con limitaciones cognoscitivas significativas toman las Pruebas Puertorriqueñas de Educación Alterna (PPEA) y que en estas pruebas se pretende que el estudiante logre las expectativas de los estudiantes de su misma edad cronológica aunque su edad mental sea menor. En el caso de los estudiantes ciegos la prueba utiliza un código Braille avanzado (Nemeth) que dijo, no se enseña en Puerto Rico. La líder magisterial añadió que tampoco hay en la isla ningún maestro certificado para la enseñanza de ese código de lenguaje y que obligar a estudiantes con limitaciones especiales a contestar una prueba que no toma en cuenta sus necesidades es un acto de crueldad y redunda en maltrato institucional.

“¿Por qué entonces ofrecer unas pruebas a sabiendas de que los estudiantes no las van a aprobar? Sencillo: porque quieren desprestigiar la escuela pública ante los ojos del pueblo para facilitar la privatización de la misma. La implantación de estas pruebas proviene de las disposiciones de la Ley “No Child Left Behind” (NCLB). Esta ley se aprobó en el 2002 con la clara intención de abrir el mercado del sistema escolar de Estados Unidos a la voracidad del capital privado a través de la implantación de las escuelas “charter”. Basada en la NCLB, la amenaza de la privatización se cierne sobre nosotros. La federalización de la educación pública puertorriqueña a cambio del dinero federal está provocando graves consecuencias pues promueve un modelo educativo empresarial”, continuó la presidenta de la Federación de Maestros.

La educadora criticó al Departamento de Educación porque ha pretendido hacer creer que con el Plan de Flexibilidad, autorizado por el gobierno federal, se atienden las críticas que por años han venido haciendo sobre las pruebas y sus alegadas nefastas consecuencias.

“El supuesto Plan de Flexibilidad nos trae este año otra imposición no tan flexible. Empezando por las escuelas en Transformación, de ahora en adelante 20% de la evaluación del maestro y el director de la escuela estará basada en los resultados que obtengan los estudiantes en las pruebas. Esta grave injusticia, reconocida por el propio Secretario a principios del año pasado pero que ahora la defiende, pretende que el maestro pague las consecuencias del fracaso de estas pruebas y lo castiga injustamente por condiciones que no están bajo su control. Para el año escolar 2015 – 2016 el DE implementará ese Sistema de Evaluación punitivo en todas las escuelas públicas. Demás está decir que el maestro que no pase la evaluación se expone a medidas disciplinarias incluyendo el despido”, acotó.

Lara expresó que los estudiantes, madres, padres, maestras y maestros no pueden permitir que se sigan utilizando las PPAA y las PPEA para tomar medidas que afectan sus derechos y promueven la privatización de la escuela pública. “A estas medidas hay que añadirle el anunciado cierre de 200 escuelas y el aumento de la cantidad de estudiantes por grupo. Las “charter” son escuelas elitistas que establecen criterios de matrícula discriminatorios contra estudiantes con limitaciones en el aprendizaje, contratan maestros por servicios profesionales para pagar salarios miserables sin beneficios adicionales y se llevan una gran tajada del presupuesto del gobierno. Exhortamos a todos a utilizar el boicot a las PPAA como el mecanismo más adecuado para expresar nuestra indignación, proteger nuestros derechos y defender la escuela pública”, señaló.

La líder magisterial le exigió al Departamento de Educación que descarte las PPAA y las PPEA como instrumentos de evaluación y se diseñen otros instrumentos con plena participación de las comunidades escolares. “Demandamos que se establezcan garantías de que no se va a utilizar el modelo de la “charter” ni ninguna otra modalidad de privatización escolar y que los millones que el DE derrocha en todos los contratos que giran en torno a estas pruebas sean utilizados para atender las necesidades de personal, equipo y materiales de nuestras escuelas”, concluyó.