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Denuncian que «bichotes» impiden suspender servicios en residenciales públicos

Funcionarios de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos Alcantarillados (AAA) admitieron hoy que se les hace sumamente imposible suspender sus respectivos servicios en los residenciales públicos ante las amenazas de grupos envueltos en el narcotráfico. Al mismo tiempo, denunciaron que la deuda en esos sectores es millonaria.

El director ejecutivo de Servicios al Cliente de la AAA, Gustavo Marín, relató que en una ocasión, el personal de esa corporación visitaron un residencial a suspender el servicio a unos clientes y fueron recibidos por residentes armados, quienes le instaron abandonar el lugar. Los empleados fueron a la oficina del Administrador, según relató, a solicitar autorización para desconectar el servicio.

“El dueño del punto sacó al Administrador de su oficina, lo echó afuera de la estructura y le dijo que no estaba autorizado a estar dando permisos”, dijo Marín.

Por su parte, el senador del Partido Popular Democrático (PPD), Gilberto Rodríguez Valle les planteó el por qué no se utiliza la Guardia Nacional cuando se van a realizar estas gestiones. “Me molesta que me digan el que por cuestiones de seguridad, yo voy a hacer… que algunos bambalanes interfieran con la economía del país, con el desarrollo de la Isla, porque aquel dice que no pueden entrar. Entonces, no se toma acción porque les tengo miedo. Entonces, el ciudadano que cumple se siente también desprotegido. O sea, en un mes no la pago y me cortan el agua. ¿Qué es? ¿Qué hay que contratar, entonces, un atorrante para que se pare en la entrada de la urbanización para que tampoco la corten mensual?”, dijo.

Sus expresiones se produjeron durante una vista pública de la Comisión de Corporaciones Públicas y Alianzas Público Privadas (APP) del Senado, que preside el senador Ángel Rodríguez Otero (PPD), en la que se consideró la Resolución del Senado 123, de la autoría del presidente del Senado, Eduardo Bhatia (PPD) y de él (Rodríguez), en la que se ordena una investigación sobre las decisiones adoptadas o en proceso de adopción por aquellas entidades públicas que reestructuren el proceso de la fijación de tarifas o precios para la obtención de servicios esenciales, tales como el servicio eléctrico, agua, transporte masivo y telecomunicaciones que tienen el deber de someter ante la Asamblea Legislativa informes en torno a la labor realizada, resultados de implantación de la ley, niveles de prestación de servicios, cumplimiento de objetivos dispuestos en la legislación vigente y el desarrollo de proyectos.

La Ley 69, del pasado cuatrienio, según dijo Gustavo Marín, estableció una tarifa de $19.71 en los residenciales, independientemente del consumo y las condiciones del plan de pago son las mismas a las establecidas por la AEE. Agregó que antes de comenzar dicho ley, la deuda en la vivienda pública era de $48 millones y a marzo de este año, asciende a un total de $51 millones. “Tenemos el mismo incumplimiento. Es el 86% de los residentes. Vamos a enmendar el reglamento y vamos a propioner una tarifa similar a la que tiene Energía Eléctrica, con un tope de consumo. Cuando te pase del tope, pagarás lo que paga el resto de la población lo que tenga en exceso”, dijo.

Mientras tanto, Elizabeth Rivera Ayala, Gerente de Servicio de la AEE, expresó que esta Ley propuso, además de una tarifa fija, que se diera un plan de pago ilimitado, a razón de $10 mensuales por toda la deuda que los residentes tuvieran antes de aprobarse dicho estatuto. “No nos pagan. Ese plan de pago es adicional a la tarifa fija, que varía de acuerdo a las habitaciones. De $30, si es una habitación. Después de establecida la tarifa fija, la deuda corriente nueva no va al plan de pago. Ahora mismo, tenemos clientes que nos deben de mil a dos mil dólares de deuda nueva y más de tres o cuatro mil dólares del plan de pago. Es muy peligroso ir a un residencial, por seguridad”, dijo.

“Nosotros preferiríamos que a través del Departamento de la Vivienda (DV) que se nos pagara a través de una transferencia electrónica de fondos de lo que se le asigne a cada residencial, a cada cliente. Antes de venir a la vista pública, recibí un correo electrónico indicando que el DV federal acaba de aprobar $8 millones para el pago de energía eléctrica a los clientes de los residenciales públicos y esto se va a hacer a través de transferencias electrónicas. Tenemos que darle una certificación de deuda de cada cliente. Ellos van a dar una ayuda de hasta $450 a cada cliente para abonar a la deuda. El programa se llama ‘crisis de energía’ y es una aportación del gobierno federal para abonar una cantidad al pago de la deuda”, dijo Rivera Ayala.

Por otra parte, el senador Rodríguez Otero planteó qué puede hacer la AEE y la AAA para recobrar la deuda millonaria de años anteriores por parte de las corporaciones y las agencias. La contable de la AEE, Wilma a Medina, le respondió que ellos saben que el gobierno les responderá, pero, en el caso de las corporaciones, se hacen unas auditorías y una parte se lanza a pérdida.

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