El gobierno de Nicolás Maduro oculta desde enero el índice de escasez, que publicaba regularmente el Banco Central de Venezuela, asegura un artículo del diario español El País que explora el grave problema de abastecimiento que golpea a Venezuela en los últimos años.
En enero de 2014 las estadísticas del Banco Central de Venezuela, citadas por El Universal, mostraban un incremento de ocho puntos porcentuales en el índice de escasez con respecto a enero de 2013. La cifra de 26.2%, registrada este año es la más alta para el primer mes del año desde 2010.
El diario español toma nota de las declaraciones del ministro de Alimentación, Félix Osorio, que anunció medidas para paliar el vacío de los anaqueles de los venezolanos, como la implementación el primero de abril de la Tarjeta de Abastecimiento Seguro (una libreta de abastecimiento al estilo cubano).
En este caso detectarán a los clientes con datos biométricos (huella dactilar) para evitar que compre en días consecutivos. Hoy día los venezolanos compran mucho más, tratan de almacenar comida porque no saben cuándo podrán volver a encontrar los productos y alimentos.
El propio gobierno reconoce que de una lista de 100 productos, 28 no se encuentran ni se pueden sustituir con otros artículos.
En los supermercados y abastos del Estado (Mercal, Pdval, Supermercado Bicentenario y Abastos Venezuela) no se puede comprar alimentos de la cesta básica todos los días. “El que quiera comprar cien pollos que los adquiera en otra parte”, explicó el ministro.
La mayoría de los venezolanos, sin distinción de clases sociales, consume al menos tres comidas al día, según el Instituto Nacional de Estadística. El 25.6% ingiere como mínimo cuatro y el 11.6% cinco.
Al mejor estilo socialista, el gobierno chavista desde hace más de una década controla el precio de los alimentos básicos, determina dónde y cómo las empresas pueden despachar sus productos y “regula el transporte a través de la Superintendencia de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (Sada), que emite una guía de movilización que especifica el destino de la carga en función de sus intereses políticos”.
Además, el recorte estatal en la entrega de divisas al sector privado, ha limitado la importación de materiales necesarios para la producción y ha endeudado (se calcula que en $9,000 millones de dólares) a las empresas privadas con sus proveedores en el exterior.
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