La violencia como política de Estado en Venezuela

Venezolanos residentes en Barcelona han empezado una ronda de conferencias para exponer los motivos de la lucha estudiantil en su país con la intención de ofrecer su versión de lo que acontece actualmente, en un momento en que la vorágine informativa hace difícil dilucidar un retrato objetivo de la situación.

En la primera de las charlas han sido claros en denunciar algunos elementos del gobierno de Nicolás Maduro que son claramente alarmantes. Para estos venezolanos es evidente que el chavismo ha establecido la violencia como una verdadera política de Estado para ejercer el control de la ciudadanía a través del miedo llegando a una situación de práctico estado de excepción, aunque el país no está en guerra. Fundamentan su opinión en varios hechos recientes.

Para empezar han considerado que los recursos que el régimen de Maduro ha empleado para reprimir las protestas estudiantiles demuestra que sí existe el material para ejercer el control de los que imponen la violencia con impunidad en las calles y que han convertido el país en el segundo más violento de América Latina, por detrás de Honduras, y el cuarto a nivel mundial, según los datos que ofrecieron. De enero a febrero ha habido 3,000 asesinatos, 40 por día, uno cada 20 minutos. En 2013 los homicidios sobrepasaron los 25,000. Otro ejemplo de que el gobierno puede ser eficaz cuando quiere fue su actitud más resolutiva en el caso del asesinato de la ex miss Monica Spear cuando todos los medios internacionals fijaron su atención en el asunto.

Estos datos, unidos a los factores económicos negativos (escasez, colas para obtener productos básicos, inflación), hacen más que evidente que existe un escenario totalmente acondicionado para que el descontento social tome la forma que está tomando desde hace más de un mes. De todas maneras, los venezolanos han querido clarificar que el movimiento estudiantil no ha nacido en un solo día, sino que lo que hoy sucede en las calles es el resultado de años de lucha pacífica sin que se hayan obtenido resultados concretos. Todos los problemas que había en 2006, sostienen, hoy persisten y se profundizan. De ello responsabilizan al gobierno, del que denuncian ineficacia, mala gestión y derroche. Sin olvidar tampoco la petición de crédito a China, que deja embargado al país por muchos años.

Dicen además que el diálogo con el gobierno es imposible. Lo cierto es que en los últimos días Maduro ha vuelto a hacer llamados al diálogo, pero siempre son enturbiados con coletillas al final como declarar que él es quien tiene “la verdad del pueblo”. Un punto de partida un poco estimulante para invitar al diálogo. Señaló el heredero de Hugo Chávez el domingo pasado que la oposición venezolana se niega a sentarse en una mesa de diálogo por la paz “porque está comprometida de forma directa con los hechos de violencia y el golpe de estado continuado en Venezuela”. Y añade que él está dispuesto “a recibir con amor y comprensión a los estudiantes de la derecha, en transmisión pública por televisión, porque no tengo nada que esconder, y lo que tengan que decirme que me lo digan”. Todo ello porque, según dice, “tengo el escudo de la verdad de este pueblo y de la conciencia de las mayorías, de la conciencia de nosotros, el pueblo”.

Que los ofrecimientos de diálogo son un poco impostados lo revela también el hecho de que el régimen de Maduro combina su sintonía pacifista con ataques viscerales contra la oposición y que además ponen en duda la separación de poderes en Venezuela. Sin ir más lejos, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosado Cabello, ha avanzado que la diputada de la oposición María Corina Machado será juzgada “por asesina y terrorista”. Estas encendidas declaraciones parecen indicar que la justicia venezolana es fácilmente articulable a partir de los deseos de otros estamentos diferentes a la judicatura y que, en principio, en un Estado de derecho, tendrían que estar al margen.

Pero hay más elementos para la preocupación como es la protección que reciben los colectivos y grupos paramilitares armados afines al chavismo. Este es el caso de los Tupamaros. Su líder, Alberto “Chino” Carías, sostenía hace poco en entrevistas televisivas en varios canales que efectivamente el colectivo que dirige es un grupo armado, “estamos en armas contra los imperios del mundo, en defensa de los ideales de Chávez, del comandante gigante de las Américas”. Y además admitía tener “relaciones fraternas con las FARC y ETA, en el caso mío viajo mucho a Europa y mantenemos unas relaciones diplomáticas muy estrechas”. Hace pocos días el propio Nicolás Maduro declaraba su respaldo a los Tupamaros: “Dejen quietos a los Tupamaros, vale. Los tupamaros están trabajando y haciendo política y participando y tienen diputados, concejales y alcaldes y son gente de trabajo y de paz. Ya basta la agresión contra este movimiento político. Dejen la locura”.

Ante un panorama semejante nadie debería extrañarse de las demanadas de la oposición y de la explosión en las calles. El gobierno ha puesto bastante de su parte para que esto sea así. Seguir por la misma vía representa que probablemente el panorama venezolano sea cada vez más negro, cada día menos democracia y más dictadura. Varios presos políticos ya están entre rejas.