Revelan alegados casos de corrupción en CESCO de Carolina

El presidente de la Asociación de Comerciantes de Servicios al Conductor, Inc., Jeffrey E. Mena, alegó hoy graves y serios casos de corrupción dentro de los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y de parte de individuos independientes en Carolina y, posiblemente en otras facilidades de la agencia en otros pueblos de Puerto Rico.

Sus alegaciones se hicieron durante una vista pública de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Transportación, que preside el senador Pedro “Pedrito” Rodríguez (PPD), que consideró el Proyecto del Senado 730, solicitado por petición, pero radicado por el Vicepresidente del Senado, José Luis Dalmau (PPD), en el que se prohíbe la práctica de servicios relacionados con exámenes médicos, fotografías, servicios notariales y exámenes de conductor en los predios o terrenos donde ubica las oficinas del DTOP; disponer la multa aplicable a la violación de esta Ley; y para otros fines.

Mena, quien se expresó en contra de la medida, y respondiendo a preguntas del senador Martín Vargas (PPD), señaló ante la Comisión que “ante ustedes testifico bajo juramento que yo he visto en mis manos licencias falsas y he sabido de personas que le han borrado las multas y me lo han indicado”

Entre los casos de corrupción, mencionó que se están borrando las multas, el cambio de la categoría de una licencia a otra, licencias de automóviles fatulas, entre otros casos. Mencionó casos de personas externas al CESCO que se dedican a ofrecer servicios de médicos y de abogados, que no están debidamente licenciados, que no están autorizados o que quizás son falsificados.

“Hay unos procedimientos que a veces son onerosos o burocráticos en formalizar dentro del CESCO, y hay personas que lo ofrecen por unas cantidades altas de dinero, porque tienen un contacto interior en el Centro. Hemos conocido de personas que pagan de $200 a $250, para que alguien le someta un papel a una persona que tiene su contacto allá adentro (CESCO) para que le haga un traspaso de licencia de auto, sin el dueño estar presente. Nosotros conocemos de la presencia de esos individuos que se dedican a buscar clientes de esa manera. También sé y he visto en mis manos licencias falsas que le han provisto personas que trabajan en el mercado del servicio de gestoría, digo mercado negro de gestoría, porque ellos son gestores que hacen toda clase de trabajo clandestino por un buen precio. Ustedes saben que recientemente intervino el FBI (Negociado Federal de Investigaciones) en todos los CESCO de Puerto Rico, pero el propósito fue, en particular, el de lavado de multas. Ese es un problema que es grandísimo, donde personas se acercan a gente que tienen unas cantidades grandísimas de multas, y por la mitad del costo te limpian las multas. ¿Cómo se dividen ese dinero entre ellos y el empleado que está adentro (de la agencia)? Nosotros desconocemos. Sí sabemos que para que una persona que está en la calle ofreciendo una licencia falsa, hecha dentro de la agencia, tiene que haber alguien dentro del CESCO”, dijo Mena.

También denunció que es de su propio conocimiento de personas que trabajan en los estacionamientos de los CESCO, de forma clandestina, que te consiguen poncharte el título de un vehículo, por ejemplo, con el sello de un abogado que quizás ha fallecido o quizás fue hurtado el sello. Tienen el sello y ponchan y hacen un garabato, como firma.

Agregó que lo mismo hacen con los certificados médicos y DTOP no tiene constancia alguna de quién es un médico genuino u quien es un abogado genuino. El empleado, según dijo, ve un papel, tiene el sello de un abogado y lo acepta por oficial y después resulta que eso fue un abogado de “parking”.

Ante esta situación, Vargas pidió al senador Rodríguez hacer un referido al Departamento de Justicia sobre estos señalamientos para que se atienda el asunto con prontitud, y con rapidez, porque lo que “Mena acaba de comunicar que es de su propio conocimiento de actos de corrupción en el CESCO de Carolina y de personas que están operando en una falsa representación como abogados o como médicos, a nivel de todo Puerto Rico”.

Mena, además, informó haber oído que se ofrece subir una licencia de conductor a una licencia de equipo pesado por$550. “La gente los paga por no ir a tomar los exámenes”, dijo. “Cuando nosotros nos reunimos con el director del CESCO de Carolina, Marcelino Gómez, nos dijo que ellos sabían que había una práctica que se hacia mucho en Carolina, que era que cuando una persona presentaba en el mostrador todos los documentos para poder tomar el examen de aprendizaje, y los mandan a un salón y quien iba a ese salón es otro individuo. Ellos fueron los que quitaron la foto, que asegura que la persona que entrega los papeles en el mostrador es la misma que entra al salón a coger el examen”, agregó.

En unas declaraciones escritas, Mena señaló que en el pasado han tratado poder reunirse con oficiales de la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO), para buscar formas en que nuestros servicios puedan mejorar, sugerir algunos cambios que pudieran implementar a nivel de los CESCOs para agilizar ciertos procedimientos, mejorar la integridad y seguridad de algunos procedimientos, y la más importante de todas, atacar la corrupción interna de la agencia, la cual nos afecta de forma adversa a nosotros como industria y a nuestro bolsillo como comerciantes.

“Quisiéramos aprovechar esta ocasión para pedir la intervención del Senado en solicitarle a la directiva del DTOP que se reúna con nosotros, los miembros de la Asociación, y poder lograr una medida que no atente con la destrucción de nuestros negocios y que atienda cualquier problema que ellos entiendan que existe actualmente y buscar de qué forma solucionarlos.

Por otra parte, el proyecto, en su decrétase, expone que se prohíbe la práctica de servicios relacionados con exámenes médicos, notariales, fotografías y exámenes de conductor en los predios o terrenos donde ubica las oficinas del DTOP.

Los violadores de las disposiciones de esta Ley constituirá un delito menos grave, con una multa que no exceda de $5,000 dólares o pena de reclusión por un término que no exceda los seis meses, o ambas penas a discreción del tribunal.