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Urgen aprobación de medida en beneficio de personas con impedimentos

Ante la Información pública que reafirma los problemas de las personas con impedimentos a la hora de buscar y conseguir un empleo en Puerto Rico, el representante del Partido Popular Democrático (PPD) José “Pito” Torres solicitó la inmediata consideración por el Senado del Proyecto de la Cámara 1361 de su autoría, que crearía un Sistema Integrado de Cumplimiento Laboral en la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI). Esta medida, fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes desde el pasado día 4 de noviembre de 2013 y recibió el endoso de la OPPI y de la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV).

“Entendemos, que este proyecto servirá como un instrumento efectivo de fiscalización y ajuste de la política pública para las personas con impedimentos en el área de empleo. Así mismo, permitirá el evaluar las oportunidades creadas para éstos en el área empresarial, comercial, cooperativista y actividades económicas relacionadas, ya sean públicas o privadas”, expresó Pito Torres.

El Representante explicó que este proyecto facultará específicamente al Procurador de las Personas con Impedimentos para que verifique a través del sistema, si los programas, beneficios, recursos, servicios e incentivos del Gobierno para las personas con impedimentos han cumplido su misión y han producido la integración de este sector a la fuerza trabajadora de Puerto Rico. Para esto, el Procurador recopilará, en coordinación con la ARV del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), las estadísticas detalladas sobre las personas con impedimentos que han sido reclutadas para empleo y las que han iniciado actividades empresariales o comerciales. Además, de producir informes sobre si los empleos se ajustan a sus necesidades y destrezas; el crear un banco o registro de personas con impedimentos capacitadas para integrarse a la fuerza laboral; el viabilizar acuerdos colaborativos con la ARV, los municipios, instituciones comunitarias, asociaciones profesionales, agencias y el comercio a estos fines, así como el desarrollar una campaña masiva de información y divulgación para comunicar los trabajos de este sistema a la ciudadanía.

Pito Torres concluyó que “según el Censo del año 2010, la cifra de hermanos puertorriqueños con impedimentos se acercaba a los 900,000 personas y es necesario señalar que nuestra Constitución y el marco legal vigente son muy claros en prohibir el discrimen hacia éstos y respetar su dignidad como seres humanos. Más aún, la Ley 238-2004, conocida como Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos, exige al Gobierno el coordinar sus recursos para cubrir las necesidades colectivas o individuales de esta población y reconoce que tienen derecho a vivir en un ambiente de tranquilidad, respeto y dignidad. Específicamente, en el área laboral en que la ARV, adscrita al DTRH, recibe y canaliza millones de dólares anuales de fondos federales a estos propósitos y así mismo, el Gobierno ofrece incentivos para su reclutamiento. Múltiples asignaciones y esfuerzos, que deben procurar de la manera más efectiva la plena inclusión social de estas personas y su independencia como ciudadanos productivos en nuestro País”.

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