Evalúan creación de panel para sufragar gastos legales de acusados indigentes

La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes evaluó hoy un grupo de proyectos del representante José Báez Rivera (PPD) dirigido a crear un Panel de Práctica Legal Compensada para Casos Criminales. Dicho panel sufragaría los costos de la representación legal de aquellos acusados indigentes que no cualifiquen para ser representados por la Sociedad de Asistencia Legal, Pro Bono o las Clínicas de las Escuelas de Derecho.

“Hoy comenzamos la consideración de la propuesta del compañero Báez para asegurarle representación legal adecuada a todos los indigentes acusados de delito. Es parte de la agenda inconclusa de viabilizar el derecho constitucional de acceso igual a la Justicia. Vamos a estar estudiando las formas jurídicas y fiscales para lograr este objetivo”, explicó el representante Luis Vega Ramos (PPD) quien preside la Comisión de lo Jurídico.

Las vistas comenzaron con ponencias de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), el Departamento de Justicia y la Sociedad para Asistencia Legal (SAL). Todas expresaron su apoyo al concepto del Panel Remunerado, sin embargo expusieron criterios distintos en torno a su operación, funcionamiento y ubicación dentro del sistema gubernamental. OAT y Justicia plantearon que el panel debe estar adscrito a la Rama Judicial, mientras SAL propone un esquema distinto. Vega Ramos adelantó que evaluará con detenimiento las distintas alternativas de organización para luego tener una discusión sobre el financiamiento recurrente del panel. También adelantó que estudiarán el funcionamiento del panel que existe para la juriddicción criminal a nivel federal.

Por su parte, el representante Báez Rivera sostuvo que el sistema o procedimiento de designación de abogados de oficio para atender casos criminales, carece de parámetros para escoger a dichos abogados, “no existe una estructura que vigile realmente por el tiempo dedicado por cada abogado y abogada y mucho menos para reembolsar por lo menos, los altos costos en los que dichos abogados incurren para cumplir con su designación”, dijo. “La clase togada lleva décadas sufragando el deber constitucional del Estado de proveer una defensa adecuada a todo acusado de delito, si el mismo no puede pagarla. No creo que exista otra clase profesional que anualmente done tantas horas de trabajo y recursos económicos al Estado. Tenemos que aprovechar esta unión de voluntadas para mejorar la administración de la justicia, asegurándole a los acusados un abogado o abogada de defensa que no tenga que comprometerse tanto económicamente y así poder exigir mayor diligencia en dichos procesos, indicó el autor de las medidas.

Las vistas se reanudarán en las próximas semanas.