Tribunal Federal ordena al gobernador retirar nombramiento en Comisión Industrial

El juez federal, Francisco Besosa, ordenó al gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla (PPD), a retirar de manera inmediata el nombramiento de Grace Lozada, o de cualquier otra persona, como Comisionada y Presidente de la Comisión Industrial y mantener en dicha posición al licenciado Basilio Torres Rivera, hasta tanto el Tribunal tome una determinación en cuanto a la Solicitud de Interdicto Preliminar presentada por dicho funcionario contra el Gobernador de Puerto Rico.

Así lo dio a conocer hoy el representante Antonio “Tony” Soto, quien además de circular la determinación del Tribunal tomada este viernes pasado, exhortó al Gobernador y a la Rama Legislativa a “desistir de sus odios y sed de venganza en contra de sus adversarios políticos y a que se pongan a trabajar por los verdaderos problemas que afectan nuestra gente”.

Lea la orden del tribunal

Según la Orden de Entredicho Provisional dictada por el Juez Besosa, el licenciado Torres Rivera fue designado por el Gobernador Luis Fortuño (PNP) y confirmado por el Senado para ocupar la posición de Comisionado y Presidente de la Comisión Industrial de Puerto Rico por un término de seis años. García Padilla removió a Torres Rivera de su posición como Presidente aduciendo que en virtud de la más reciente enmienda a la ley que crea la Comisión Industrial, la posición de Presidente dejó de ser una posición a término fijo, convirtiéndose ahora en una posición de libre remoción por el Gobernador. García Padilla entonces designó a Grace Lozada como nueva Comisionada y Presidente de la Comisión Industrial.

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La Orden expedida por el Juez federal, que dada a conocer por Tony Soto a los medios de comunicación, señala que los hechos en el caso del licenciado Torres Rivera son similares a aquellos que dieron lugar a los pleitos recientemente instados a nivel federal por el Procurador del Veterano, Agustín Montañez Allman y el Procurador de las Personas con Impedimentos, Iván Díaz Carrasquillo.

“En los casos de los procuradores del Veterano y el de la Personas con Impedimentos los jueces federales Juan Pérez Giménez y Daniel Domínguez ordenaron al Gobernador a mantener en sus respectivas posiciones a término a dichos funcionarios; por tener éstos una expectativa de permanencia, un derecho propietario sobre tales posiciones por el término de sus designaciones y desempeñar funciones cuasi-legislativas y cuasi-judiciales que limitan su poder de remoción. Sin embargo, el Presidente del Partido Popular y su Legislatura se han empecinado en sacarlos de sus puestos solo por el hecho de ser nombrados por el gobernador Fortuño, provocando, entre otras cosas, desangrar más las maltrechas finanzas del gobierno por mero revanchismo”, sentenció Soto.

El juez Besosa expresa en la Orden que el nombramiento del licenciado Basilio Torres Rivera, para el cual fue confirmado por el Senado, fue uno conjunto como Comisionado y Presidente de la Comisión Industrial. A juicio de Besosa, el licenciado Torres Rivera tiene una posibilidad real de prevalecer en los méritos y no existe evidencia de que éste haya actuado de manera negligente en el desempeño de sus funciones o deberes.

Por otro lado, reza la determinación del Tribunal que la ley que creó la Comisión Industrial, según la misma se encontraba vigente al momento de la designación de Torres Rivera, no le reconoce al Gobernador, de manera expresa, la autoridad para remover a los Comisionados ni al Presidente de la Comisión Industrial. Añade la determinación que la ley que creó la Comisión Industrial reconoce a dicha agencia y en su consecuencia, a los Comisionados nombrados a término, funciones cuasi-judiciales y cuasi-legislativas que igualmente limitan los poderes de remoción de García Padilla.

El Tribunal citó a las partes a una vista argumentativa el 31 de enero de 2014 en la cual examinará si concede carácter permanente a la Orden de Entredicho.

La representación de Torres Rivera la ostenta el licenciado Fredeswin Pérez Caballero, letrado que representó al Procurador del Veterano en demanda contra García Padilla.

La Comisión Industrial de Puerto es un organismo apelativo cuya función es revisar las decisiones que emite la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. La Comisión se asegura que los lesionados reciban por completo los servicios a los cuales tiene derecho; enmarcados en garantizar los tratamientos médicos adecuados y compensaciones justas y razonables. De la misma forma, garantizan a los patronos asegurados la fijación de primas correctas.