Gobernador convierte en ley cambios al Puerto de Ponce

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla (PPD), convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 1419 que reestructura la composición de la Junta de Directores de la Autoridad del Puerto de Ponce y entre otras cosas, le retira la administración del Puerto de las Américas al Municipio de Ponce.

“Esta ley busca darle un impulso urgente y necesario al desarrollo del Puerto de Ponce para convertirlo en eje de desarrollo económico para la región sur y para todo Puerto Rico”, señaló el primer ejecutivo.

El gobernador señaló que la firma se dio luego de dialogar con el liderato ponceño, diálogo que dijo, se mantendrá para la puesta en vigor del nuevo estatuto.

La nueva Junta de Directores será copresidida entre el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y el Director del Puerto de Ponce, dependencia adscrita al Municipio de Ponce. Los restantes miembros de la Junta de la Autoridad serán: tres personas nombradas por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado; dos de los cuales serán residentes bonafide del Sur de Puerto Rico y un representante del interés público; y dos personas nombradas por el Alcalde de Ponce, nombramiento que deberá ser refrendado por la Legislatura Municipal. Los miembros de la Junta de Directores serán nombrados por un término inicial de seis años, excepto los miembros de la Junta en virtud de cargos como funcionarios del Gobierno del Gobierno de Puerto Rico o del Municipio de Ponce que ocuparán sus posiciones hasta que sus sucesores sean nombrados. Sucesivamente, los tres miembros nombrados por el gobernador serán nombrados por términos de cinco años y los dos miembros nombrados por la alcaldesa de Ponce serán nombrados por términos de cuatro años.

Los miembros a nombrarse en la Junta tendrán que tener experiencia en el comercio marítimo internacional y estar debidamente capacitados para cumplir con los objetivos que persigue esta ley. No podrá ser nombrado miembro de la Junta una persona que tenga interés económico, directo e indirecto, en alguna empresa privada dedicada al negocio de actividad marítima. Además, ningún miembro de la Junta podrá ser un funcionario electo o persona que haya participado en alguna elección para algún puesto político bajo cualquier partido en Puerto Rico.

Sobre esta reestructuración de la Junta, que es la enmienda más significativa a la Ley 240-2011, el mandatario destacó que convertirá a la Autoridad en un ente “libre de los vaivenes político partidistas. La nueva composición reconoce la necesidad de la participación de personas con conocimiento en la industria de transporte marítimo y no menos importante, la participación de residentes del área sur de la isla.”

La Junta tendrá como responsabilidad primaria conseguir un operador de calibre internacional para el desarrollo del Puerto de Las Américas, Rafael Cordero Santiago, así como un administrador para las Zonas de Valor Añadido, ambos con el requisito de tener probada experiencia. Los objetivos del operador y el administrador están dirigidos a propiciar el desarrollo económico de las zonas donde se establecen.

Por otro lado, para agilizar las obras de infraestructura necesarias, la ley dispone la transferencia de los activos de la Autoridad del Puerto de las Américas y del Municipio de Ponce a la Autoridad del Puerto de Ponce, las cuales se deberán formalizar en 60 días.

Finalmente, en cuanto a la franquicia concedida por el ELA al Municipio de Ponce para la operación de las facilidades, la misma se transferirá de forma temporera a la Autoridad del Puerto de Ponce por el término de 10 años. Expirado dicho término, la franquicia regresará al gobierno municipal.