Un acuerdo firmado por alumnos, padres y directivos del Colegio Nacional de la Capital (CNC) y del Colegio Presidente Franco puede acabar con décadas de rivalidad y violencia entre los alumnos de las dos instituciones educativas asuncenas.
Después de una ola de ataques en los primeros días de noviembre, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Policía Nacional en Paraguay intervinieron y propiciaron la firma del acuerdo, que prevé una serie de reuniones y actividades que involucren a docentes y estudiantes.
“Se trata de un acuerdo de entendimiento, de paz y convivencia social”, sostuvo la subcomisaria María Achucarro, jefa del Departamento de Control de Centros Educativos de la Policía Nacional.
El CNC es una tradicional institución educativa pública de la capital paraguaya. Fue fundada en 1877 y está ubicada en la entrada de la zona central de Asunción. Fundado hace 40 años, el Colegio Presidente Franco también es público y está ubicado en la zona céntrica de la capital.
Los sucesos más violentos del año en los colegios de la capital empezaron el 31 de octubre, cuando aproximadamente 60 estudiantes del Colegio Bautista de Asunción intentaron ingresar a la fuerza a las aulas en la mañana. Muchos de ellos todavía estaban bajo el efecto del alcohol, pues la noche anterior habían participado de una fiesta, según el jefe de la comisaría 11ª de la capital, Richard Rodas.
Como los guardias del colegio lo impidieron, algunos de los alumnos arrojaron piedras y botellas contra el predio, por lo que agentes de la comisaría 11ª acudieron al local. Se hallaron restos de bebidas alcohólicas y de marihuana en poder de los estudiantes.
Algunos alumnos fueron remitidos a la comisaría. La agente fiscal del Ministerio Público Sonia Pereira imputó a dos alumnos, ambos de 17 años, por los delitos de perturbación a la paz pública y resistencia al arresto.
Pereira solicitó medidas al Juzgado Penal de la Adolescencia, como la prohibición de salida del país y del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes, además de que no puedan acercarse al Colegio Bautista en un radio de 500 metros.
El 5 de noviembre empezó otra serie de ataques de la clásica rivalidad entre el CNC y el Colegio Presidente, cuando unos 30 estudiantes del primero atacaron la sede del segundo, arrojando piedras y haciendo estallar petardos contra el edificio.
Cinco estudiantes del CNC identificados como los supuestos cabecillas del grupo acabaron detenidos por la policía.
Pero el 7 de noviembre, el Colegio Presidente Franco fue nuevamente blanco de ataques, cuando un grupo de jóvenes arrojó una bomba lacrimógena dentro de una de las aulas. Siete estudiantes y un docente fueron atendidos en el Centro de Emergencias Médicas debido a malestares como irritación en los ojos y las vías respiratorias, según la Policía Nacional.
Desde el 2004 el Colegio Presidente Franco cuenta con uno de los 200 agentes del Departamento de Control de Centros Educativos de la Policía Nacional.
Luego de los dos últimos ataques, se reforzaron los controles y una patrulla de la policía se encuentra custodiando el colegio las 24 horas, indicó la directora, Myriam Fleitas Guirland.
“Únicamente con una sanción ejemplar a los involucrados en este tipo de ataques hará que se disminuyan los hechos de violencia”, dijo.
Achucarro recordó que en el 2012, 25 alumnos del CNC fueron arrestados tras un ataque a la sede del Colegio Naciones Unidas, de Asunción, y puestos a disposición de la Fiscalía.
“Los menores de edad fueron beneficiados con medidas alternativas a la prisión, así como los mayores, por ser la primera vez que cometían hechos violentos.”
En el 2013, el Departamento de Promoción de Derechos de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Educación atendió 50 casos vinculados a violencia y acoso escolar, según la subdirectora de esta oficina, Alba Martínez, quien opina que todavía hay muchos casos no reportados.
“Ahora llegan más denuncias a nuestras oficinas”, dijo. “Hay una mayor conciencia de que hay que comunicar a las autoridades para que se tomen las medidas de prevención, intervención y abordaje”.
El MEC cuenta con las herramientas legales para atender los casos de violencia que se registran en el ámbito estudiantil, explicó Martínez.
“Todos estos sucesos de violencia ocurren porque falta una mayor presencia y acompañamiento de los padres en el proceso educativo de sus hijos”, opinó Achucarro, quien tiene nueve años de experiencia en servicios de prevención e intervención. “De 500 padres convocados para una charla sobre prevención, sólo acuden 20”.
Sonia Escauriza, directora del área de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del MEC, está de acuerdo.
“Es preocupante el desinterés de ciertos padres, que trasladan completamente la responsabilidad de la educación de sus hijos al colegio, cuando que ellos deberían acompañar más de cerca este proceso”, sostuvo.
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